Diputados y senadores nacionales denunciaron este miércoles en una conferencia de prensa conjunta el DNU emitido el lunes pasado que le permite al Gobierno nacional realizar operaciones de canje de deuda pública salteando al Poder Legislativo.
Encabezaron la ronda prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, su par del Senado, José Mayans, los diputados Julia Strada, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez y Carolina Gaillard, y los senadores Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González.
«El Gobierno está preparando un camino para que a través de la modificación de la ley de Administración Financiera pueda llevar adelante algún proceso de canje de deuda formal o informal que no contemple los requisitos que dice la misma ley en cuanto mejoras en las tasas, en los montos o en los plazos”, dijo Martínez. “Lo que quiere el Gobierno es liberarse de esos condicionamientos de la ley de Administración Financiera en perjuicio de los intereses del Estado argentino y del pueblo argentino”, agregó.
En ese sentido, el santafesino pidió que el DNU 846 sea rechazado por el Congreso “lo más rápido posible”, en un llamado a otras fuerzas políticas de la oposición. “Este DNU, además, exige la conformación de la Comisión Bicameral que sigue los temas de deuda, porque el crecimiento de la deuda externa ya con este gobierno es enorme”, indicó.
“Nosotros no vamos a considerar válido ningún tipo de reestructuración formal o informal de deuda hecho con este DNU por afuera del Congreso y por afuera de lo que dice la ley de Administración Financiera”, insistió Martínez.
El diputado aseguró que “el Congreso es un estorbo para la mirada del presidente” Javier Milei, y por esa razón ya había intentado introducir este tema en la Ley Bases, sin éxito. “El Congreso es algo que él lo considera absolutamente negativo. Él no cree en la división de poderes. Y en los temas de deuda, él le gustaría tener el 100% de las herramientas en su poder para no depender de lo que le diga el Congreso. Y la deuda es un elemento que por constitución nacional es facultad del Congreso argentino”, ratificó.
En esta línea, le recomendó al Gobierno que “no busque ningún tipo de atajo jurídico para llevar adelante un proceso de reestructuración de la deuda externa que favorezca a unos pocos los tenedores de deuda y que perjudique a los 47 millones de argentinos”.
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