En medio de la creciente disputa entre el Gobierno nacional y los municipios por la carga impositiva, desde el interior bonaerense salieron a cuestionar con dureza la mirada de la administración de Javier Milei sobre las tasas locales. “Hablan sin conocer la realidad”, resumió el jefe comunal de Tres Arroyos, Pablo Garate, al rechazar los planteos del ministro de Economía, Luis Caputo.
El conflicto se reavivó luego de que las principales cadenas de supermercados le transmitieran a Caputo su preocupación por el peso de las tasas municipales en los precios, en un contexto de caída del consumo y avance de la informalidad. Según el ministro, las empresas señalaron que “el principal problema” son esos tributos, cuestionando incluso que en muchos casos no tienen contraprestación.
Sin embargo, desde municipios como Tres Arroyos niegan esa caracterización. “No tenemos ninguna tasa controvertida: todas tienen un servicio asociado”, asegura el intendente en diálogo con Deuda Prometida. Y va más allá: sostuvo que la incidencia real de las tasas locales es mínima cuando se la compara con la carga de impuestos nacionales y provinciales.
El jefe de la localidad bonaerense puso el foco en otro punto: el impuesto a los combustibles. “Eso sí tiene un impacto directo en la actividad económica y en la logística”, advirtió. Al mismo tiempo, consideró que la discusión sobre tasas municipales “se usa para distraer”.
También cuestionó el diagnóstico del Gobierno nacional por su desconección con el territorio. “Se analiza la realidad desde un escritorio en la Ciudad de Buenos Aires sin entender lo que pasa en el interior”, remarcó. Como ejemplo, señaló que en Tres Arroyos ni siquiera existen tasas aplicadas a supermercados, algo que no ocurre en todos los distritos.
El trasfondo del conflicto es la delicada situación financiera de los municipios. La caída de recursos, sumada a la falta de transferencias, impacta directamente en la prestación de servicios. “Cuando llegan menos fondos, se complica sostener seguridad, salud, espacios públicos o el agua corriente”, explicó Garate.
En ese contexto, el gobernador, Axel Kicillof, avanzó con la reglamentación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que permitirá asistir a los 135 distritos bonaerenses. El esquema contempla destinar el 8% del endeudamiento provincial —con un piso de $ 250.000 millones para 2026 y 2027— para obras y financiamiento local.
Aun así, el intendente de Tres Arroyos advirtió que la situación sigue siendo crítica. “Es una manta corta”, describió, al señalar que la demanda en áreas como salud creció de manera exponencial y obliga a reasignar recursos constantemente. Pero frente al escenario adverso, destacó los esfuerzos para sostener la gestión: “A pesar de la baja de ingresos, seguimos garantizando servicios y buscando ser más eficientes en el cobro”.
La discusión, resaltó, excede a una disputa política puntual. “No es contra un intendente o un gobernador: termina impactando en los vecinos”.
Al mismo tiempo, dentro del peronismo comienzan a aparecer señales de autocrítica y reconstrucción. Dirigentes plantean la necesidad de “generar una alternativa de futuro” que canalice el malestar social expresado en 2023, pero con un Estado “eficiente y sin déficit”. La pelea por las tasas, en definitiva, se inscribe en un debate más amplio: cómo se distribuyen los recursos en un contexto de ajuste y qué nivel del Estado termina absorbiendo el costo político y económico de la crisis.
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