El ajuste sobre el gasto público no se detiene. En línea con las metas que acordó con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Javier Milei se dispone a avanzar con una poda profunda sobre los subsidios energéticos. Esta vez, el recorte afectará directamente a las tarifas de electricidad y gas que pagan los hogares.
El plan oficial consiste en reemplazar el sistema actual —que reparte los subsidios según el nivel de ingresos— por un nuevo modelo más restrictivo, enfocado únicamente en quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad social. Con esta medida, más de 3 millones de usuarios considerados de clase media dejarán de recibir ayuda estatal para afrontar los aumentos en las boletas.
La Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, será la encargada de ejecutar el cambio. El proceso será escalonado, pero ya comenzó a sentirse en los montos que llegan a los hogares. Desde que asumió la presidencia Milei, la luz aumentó un 264% y el gas se disparó un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.
Se termina la segmentación: sólo quedarán los subsidios para los que menos tienen
La decisión implica el desarme de la segmentación que había clasificado a los consumidores en tres grupos: ingresos altos, medios y bajos. Hasta fines del año pasado, 9,5 millones de usuarios accedían a tarifas subsidiadas en el servicio eléctrico, y otros 5,3 millones en gas. A partir del nuevo esquema, sólo el sector de menores ingresos mantendrá un porcentaje del subsidio. El resto deberá afrontar las tarifas sin apoyo estatal.
Este paso forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo ante el Fondo Monetario, que exige un recorte drástico en el rubro energético. El organismo proyecta que el gasto en subsidios bajará del 1,1% del PBI este año a un 0,5% en 2025.
El Gobierno también avanza con la liberalización del mercado eléctrico
En paralelo a la quita de subsidios, el Ejecutivo busca desregular el mercado mayorista de la energía. A través de la Resolución 21/2025, la Secretaría de Energía habilitó a las empresas del sector a firmar contratos de manera directa, sin la mediación de CAMMESA, el ente estatal que oficiaba de intermediario.
La idea oficial es instalar un modelo de libre contratación para aliviar la pesada estructura de pagos del sistema y favorecer la competencia entre los distintos actores. Esta reforma también se vincula con las exigencias del Fondo, que pidió acelerar estos cambios antes de noviembre.
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