Se multiplican las denuncias contra Milei y avanzan los pedidos de juicio político

La presión sobre Javier Milei dentro del Congreso suma un nuevo capítulo. Ya son diez las iniciativas impulsadas por distintos bloques opositores que buscan avanzar con su juicio político, bajo la acusación de “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Los cuestionamientos atraviesan desde el caso de la criptomoneda Libra hasta denuncias por coimas en el área de discapacidad y decisiones en política internacional.

La Comisión de Juicio Político, clave para que estos proyectos avancen, quedó bajo conducción de la diputada libertaria Lilia Lemoine. Con el respaldo de legisladores alineados al oficialismo, el Gobierno apuesta a frenar cualquier intento de tratamiento, en un escenario donde la correlación de fuerzas juega a su favor.

Un abanico de denuncias

Las presentaciones provienen principalmente de Unión por la Patria, junto a sectores de la izquierda y bloques provinciales. Entre los firmantes aparecen Juan Marino, Agustina Propato, Aldo Leiva, Germán Martínez, Natalia de la Sota y Esteban Paulón, además de referentes del Frente de Izquierda como Néstor Pitrola, Romina Del Plá y Vanina Biassi.

Los argumentos incluyen desde el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso —como las vinculadas al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad— hasta cuestionamientos por la política exterior del Gobierno y distintos episodios que generaron polémica pública.

El eje del escándalo cripto

Uno de los puntos más sensibles gira en torno al caso Libra. Legisladores opositores sostienen que el Presidente promovió una iniciativa financiera que terminó generando pérdidas económicas, lo que derivó en la conformación de una comisión investigadora.

En ese marco, Juan Marino amplió su denuncia y puso el foco en “el acto mediante el cual malversó la investidura presidencial para presentar como un instrumento de inversión lo que técnicamente era similar a una memecoin diseñada para llevar adelante una maniobra fraudulenta conocida como rug pull (tirón de alfombra)”.

Desde la izquierda, otro proyecto describe “hechos gravísimos” que ubican al Gobierno “como un agente directo de estafas, saqueos, represión y persecución contra el pueblo argentino, incluso violando los límites formales del régimen político actual”.

Malvinas y política exterior

Las declaraciones de Milei sobre las Islas Malvinas también se incorporaron a los pedidos de remoción. En uno de los textos se retoma su discurso del 2 de abril de 2025, cuando afirmó: “…Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros…”.

Para sectores de la oposición, esos dichos implican una vulneración de la posición histórica argentina y podrían encuadrarse como causal de mal desempeño.

En paralelo, otros proyectos cuestionan el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel, señalando decisiones que, según denuncian, comprometen la neutralidad del país e incluso se habrían tomado sin aval del Congreso.

Discapacidad y denuncias por corrupción

Otro frente crítico se abre en el área de discapacidad. Legisladores opositores apuntan al deterioro del sistema, al desfinanciamiento y a la interrupción de prestaciones, además de denuncias por presuntos pedidos de coimas dentro de organismos estatales.

Según los proyectos presentados, el esquema actual dejó a numerosos beneficiarios sin cobertura adecuada, con demoras en pagos a prestadores y tratamientos interrumpidos, lo que profundiza la crisis en uno de los sectores más vulnerables.

Un freno oficialista

Pese a la acumulación de denuncias, el avance de los pedidos depende casi exclusivamente de la voluntad del oficialismo. Con mayoría en la Comisión de Juicio Político, el bloque libertario busca bloquear cualquier tratamiento.

Ante ese escenario, la oposición evalúa alternativas parlamentarias para forzar el debate en el recinto. Sin embargo, la estrategia oficial apunta a sostener el control institucional y dilatar los tiempos, una práctica habitual en este tipo de procesos que podría terminar neutralizando las iniciativas.