Se hizo justicia en Diputados: aprobaron aumentos para jubilados y emergencia en discapacidad

En una jornada cargada de tensión política y movilizaciones masivas frente al Congreso, la Cámara de Diputados aprobó una serie de medidas que descolocaron al oficialismo y marcaron una victoria estratégica para la oposición. Con el respaldo de sectores diversos, se votaron aumentos para jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad.

El paquete de reformas previsionales obtuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Entre los puntos principales, se incluyó una suba extraordinaria del 7,2% para todos los niveles jubilatorios, destinada a corregir el atraso generado durante 2024 por la aplicación del DNU 274/24, que indexa los haberes según la inflación de dos meses atrás. Además, el bono previsional pasará de $70.000 a $110.000 y se actualizará mes a mes.

Una de las medidas más celebradas por los sectores sociales presentes en la calle fue la restitución de la moratoria para quienes tienen edad jubilatoria pero no los 30 años de aportes necesarios. Esta decisión permitirá que unas 240.000 personas accedan a una jubilación mínima durante 2025.

En paralelo, se sancionó una cláusula para que el Estado nacional pague anticipos mensuales a las cajas jubilatorias de 13 provincias, deuda que asciende a más de $2 billones según estimaciones parlamentarias.

Emergencia en discapacidad: presión popular y amplio respaldo

Durante la madrugada también se aprobó, por 148 votos afirmativos, la declaración de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. El proyecto fue impulsado por Unión por la Patria y contó con un fuerte acompañamiento en la Cámara baja, en medio de una jornada atravesada por reclamos en todo el país.

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, garantizando aumentos en sus asignaciones, fortaleciendo a los prestadores básicos y exigiendo el cumplimiento del cupo laboral con incentivos para empresas que incorporen personal con discapacidad. También propone saldar deudas históricas y actualizar las retribuciones congeladas desde febrero de 2023 que hoy perciben transportistas, acompañantes terapéuticos y hogares.

“Es una ley que está fuera de la grieta y busca atender lo que es una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y las personas con discapacidad”, expresó el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto. “Cuando un Gobierno designa a un funcionario frente al área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad”, agregó.

Actualmente, los talleres asistidos pagan $28.000 por mes a sus trabajadores con discapacidad, una suma que no se actualiza desde hace más de un año. Además, se denunció que en los últimos 14 meses sólo se aprobaron 586 pensiones entre más de 500.000 solicitudes, lo que motivó uno de los reclamos más fuertes del día.

Temor al veto y pulseada en el Senado

A pesar de la contundencia de los votos en Diputados, el oficialismo ya anticipó que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que implique mayor gasto. “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, publicó el mandatario en redes sociales. Para revertir ese eventual veto, la oposición necesitaría alcanzar los dos tercios en ambas cámaras, un objetivo que aún no logra asegurar.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el impacto fiscal sería moderado: 0,084% del PBI para la moratoria previsional en su primer año y 0,3% por el bono. En el caso de la emergencia en discapacidad, el costo oscilaría entre 0,22% y 0,42% del PBI. Sin embargo, desde el oficialismo hablaron de cifras más elevadas y señalaron “irresponsabilidad fiscal” por parte de la oposición. Martín Menem estimó que el bono implicaría un 0,35% del PBI y la moratoria un 0,2%.

“El cálculo del gobierno, para ser benévolo, es inexacto; y, si somos un poco más malos, están mintiendo”, retrucaron desde la oposición.

También hubo avances por la universidad pública y zonas afectadas por el temporal

Durante la misma sesión, también se aprobó de manera unánime la emergencia para las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe que sufrieron severas inundaciones. El proyecto prevé un fondo de $200.000 millones para atender la catástrofe y tendrá vigencia por 180 días.

En simultáneo, se discutió el emplazamiento de comisiones claves como las de Educación y Presupuesto, para destrabar la ley de Financiamiento Universitario. Esta norma busca garantizar fondos para paritarias docentes, becas y el funcionamiento de las universidades nacionales, tal como exigieron los rectores en el proyecto presentado la semana pasada.

Otra iniciativa en camino es la Emergencia Pediátrica, impulsada tras una audiencia con trabajadores del Hospital Garrahan. El objetivo es recomponer salarios, invertir en insumos y eximir de Ganancias a quienes realicen tareas críticas.

Unidad opositora, fisuras en el oficialismo

Lo que parecía improbable semanas atrás finalmente ocurrió. Diputados opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda, parte de la UCR, la Coalición Cívica y bloques provinciales articularon los votos necesarios para alcanzar el quorum. Incluso legisladores que habitualmente votaban junto al oficialismo, como algunos tucumanos y cordobeses, se alinearon con los reclamos sociales.

En cambio, La Libertad Avanza, el sector bullrichista del PRO y los radicales libertarios de la Liga del Interior votaron en contra. Parte del PRO y de la UCR optó por abstenerse, marcando distancia de la línea dura del Ejecutivo.

La presión de las calles, sumada a las fracturas internas del Congreso, puso en evidencia la debilidad del oficialismo para frenar la agenda parlamentaria de la oposición.

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