El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo régimen que flexibiliza la normativa para la Marina Mercante, en el marco del Decreto 340/2025. Esta medida declara a la navegación marítima y fluvial como «servicio esencial», lo que implica que los trabajadores no podrán llevar adelante paros ni medidas de protesta. A su vez, se habilita el ingreso de buques extranjeros, lo que permitirá que compañías extranjeras operen en las aguas argentinas, explotando recursos naturales en el mar del país.
¿Qué cambios introduce el nuevo régimen?
La reforma establece que los armadores nacionales podrán suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques sin perder la matrícula nacional. Esto significa que podrán registrar sus embarcaciones bajo banderas extranjeras cuando lo consideren necesario, reduciendo costos operativos.
Uno de los puntos más polémicos es la declaración de la navegación comercial como «servicio esencial». Esto implica que, en caso de conflictos laborales, los trabajadores deben garantizar al menos el 75% de los servicios operativos, lo que limita su capacidad de lucha ante condiciones de trabajo adversas.
Además, la medida flexibiliza la contratación de personal embarcado, facilitando la contratación a través de asociaciones gremiales y eliminando trámites como la renovación anual del Registro de Armadores Nacionales. También se autoriza a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a otorgar permisos temporales de hasta 180 días a barcos extranjeros que operen en cabotaje, en caso de no haber embarcaciones nacionales disponibles.
La opinión del Gobierno: Modernización frente a la crisis
Según el Ejecutivo, el objetivo de esta reforma es modernizar la legislación que regula la marina mercante, un sector que enfrenta altos costos operativos y una legislación obsoleta. La administración sostiene que la medida busca incentivar la inversión, reactivar el comercio exterior y generar empleo en la actividad marítima.
Sin embargo, la flexibilización también ha generado fuertes críticas, especialmente por la apertura a buques extranjeros, que podrán operar en el país sin restricciones. En este sentido, los trabajadores del sector ven la medida como una amenaza a sus derechos laborales y una forma de favorecer los intereses de grandes empresas extranjeras.
El nuevo contexto laboral para los marineros
El Decreto también impone nuevas restricciones a los trabajadores. Al declarar el servicio esencial a la navegación marítima, el Gobierno impide la posibilidad de paros en el sector. Los trabajadores del sector de la marina mercante, por lo tanto, se ven despojados de una herramienta clave para la defensa de sus derechos.
Esta flexibilización podría traer consigo una mayor precarización laboral, ya que se amplían las opciones para contratar personal de diversas nacionalidades, con el consiguiente impacto en las condiciones de trabajo de los empleados argentinos.
La controversia sobre los buques extranjeros
El ingreso de buques extranjeros a las aguas argentinas ha generado una gran controversia, ya que, aunque se exige que estos barcos estén tripulados por personal argentino o residentes permanentes para operar más de 60 días al año, el número de tripulantes argentinos se verá limitado. Además, la posibilidad de otorgar permisos temporales de hasta 180 días sin la obligación de contratación de personal argentino podría poner en peligro la estabilidad del empleo en el sector.
Flexibilidad para las empresas extranjeras, restricciones para los trabajadores
Con esta medida, el Gobierno busca otorgar mayores facilidades a las empresas extranjeras para operar en Argentina, al tiempo que limita las capacidades de los trabajadores para defender sus derechos. La reforma podría tener consecuencias negativas para la soberanía marítima y los intereses de los trabajadores nacionales, quienes ven en esta reforma una amenaza directa a sus condiciones laborales.
El futuro de la Marina Mercante argentina y de sus trabajadores parece incierto, a medida que se profundizan las políticas que privilegian la inversión extranjera por encima de los derechos laborales nacionales.
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