El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó un proceso de conciliación con el Estado Nacional. El objetivo es saldar una deuda que la provincia reclama como «histórica» y que representa el equivalente a US$ 1.000 millones.
El anuncio fue realizado por el propio Quintela a través de sus redes sociales, destacando que el mecanismo se abre tras la demanda judicial iniciada por su gobierno ante la falta de reconocimiento de los fondos.
La lucha por la equidad
Quintela enmarcó esta instancia judicial como parte de una «lucha» de La Rioja que se sostiene «gobierne quien gobierne», insistiendo en que lo que se reclama «nace de la convicción de que nadie puede quitarnos lo que nos pertenece».
El gobernador aprovechó para cargar contra el Gobierno Nacional por el manejo político de las negociaciones, que forzó la vía judicial. «Lo que hoy el gobierno nacional nos niega con convocatorias selectivas al diálogo, se abre camino a través de la justicia. Y lo celebramos no por confrontar, sino porque es un acto de respeto hacia nuestra identidad federal,» afirmó Quintela.
La Rioja reclama el cumplimiento de leyes que reconocieron un punto de coparticipación extra desde 1988, algo que —según la provincia— fue reconocido por todas las administraciones nacionales anteriores. La gestión riojana sostiene que la paralización de la obra pública y el impacto en los servicios esenciales de la provincia son consecuencia directa de la retención de estos recursos.
Una deuda de décadas
El tono del gobernador fue de defensa del federalismo y de la identidad provincial, buscando diferenciar el reclamo de una simple disputa de «caja»:
- «La Rioja no pide privilegios. Pide equidad.»
- «Pide que se cumplan las leyes y que se reconozca la realidad de una provincia que siempre hizo patria, aun cuando algunos miraban hacia otro lado.»
El proceso de conciliación abierto por la Corte Suprema, similar a los iniciados con otras provincias (como CABA por coparticipación o con Córdoba y Santa Fe por cajas jubilatorias), representa una mesa de negociación formal que podría extenderse entre 30 y 60 días, según estimaciones del Fiscal de Estado.
Quintela concluyó el comunicado con una síntesis de su postura: «Por eso este proceso de conciliación es una oportunidad histórica para saldar una deuda que lleva décadas.» Y sentenció: «Nuestra lucha no es contra nadie, es a favor de La Rioja».
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