Quintela: «Corresponde un juicio político a la Corte»

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, exigió un juicio político a la Corte Suprema tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Lo responsabilizó por “no ajustarse a derecho” y alertó sobre el abandono del gobierno nacional al interior.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reclamó públicamente un juicio político a la Corte Suprema luego de que el máximo tribunal confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. “Yo le haría ya el juicio político a la Corte porque es lo que corresponde. Tres personas que no fueron elegidas por nadie, que tienen una situación vitalicia con un esquema monárquico no pueden hablar en nombre de la República”, sostuvo el jueves al ser consultado por periodistas.

Quintela, que se reunió con la ex presidenta en su domicilio, afirmó: “La vi entera, íntegra y fuerte. La vi muy bien”, y resaltó que el apoyo de los gobernadores peronistas está intacto tras la sentencia. Además, denunció que la Corte “no se ajusta a Derecho” al actuar con rapidez y presión mediática en el proceso.

El mandatario provincial también cuestionó el rol del gobierno nacional, al que acusó de haber “abandonado” al interior del país. Dijo que su encuentro con Cristina incluyó una conversación sobre la situación que atraviesan las provincias por esta falta de acompañamiento institucional.

Las declaraciones de Quintela se suman a un creciente reclamo de referentes del peronismo por lo que consideran una proscripción de Cristina Kirchner, tras su condena por la causa Vialidad. A raíz de la sentencia de la Corte —que incluye pena de prisión e inhabilitación—, se activaron movimientos de protesta y una caravana nacional bajo la consigna Argentina con Cristina, que dio respaldo a la expresidenta y cuestionó el uso del poder judicial para excluirla de la política.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner, confirmada por la Corte Suprema, la dejó inhabilitada para ejercer cargos públicos. El fallo desató movilizaciones y denuncias de proscripción por parte de Unión por la Patria y otros aliados, que sostienen que se trata de un entramado de «lawfare» y de una persecución política sistemática. Sectores del peronismo, incluidos gobernadores como Quintela, refuerzan su apoyo y llaman a la unidad frente a lo que consideran un ataque institucional al modelo político que representa la expresidenta.

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