Tras el cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, en Córdoba, el diputado nacional Juan Fernando Brügge apuntó contra el Gobierno por el desfinanciamiento del PAMI. Denunció que se está obligando a jubilados, ancianos y personas con discapacidad a viajar por sus propios medios más de 100 kilómetros hasta Villa María para poder atenderse
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales impulsó pedidos de informes, planteos formales y advertencias públicas para exigirle al PAMI la regularización de pagos a hospitales municipales. Además, anticipó iniciativas parlamentarias para obligar al organismo a rendir cuentas y reclamó un plan urgente de cancelación de deudas, frente a un escenario que —según viene sosteniendo— amenaza con desbordar los sistemas de salud locales.
En Marcos Juárez, el cierre del Sanatorio Sudeste no es solo la caída de una institución: es el símbolo de un sistema que se rompe. Desde el 1° de abril, más de 5.500 afiliados del PAMI deberán reorganizar su atención bajo un esquema que los obliga a trasladarse hasta Villa María para acceder a prácticas de mayor complejidad. Más de 100 kilómetros de distancia que, para muchos jubilados son una barrera.
«El comunicado oficial del organismo, lejos de llevar tranquilidad, dejó más dudas que certezas. Mientras se garantiza la continuidad de los médicos de cabecera en la ciudad, todo lo demás —guardias, internaciones, especialidades— queda sujeto a derivaciones externas. La salud, fragmentada. El acceso, condicionado», dijeron desde la oficina del legislador en un comunicado.
El atraso en los pagos del PAMI a prestadores y hospitales se repite en todo el país. Las autoridades del Sanatorio Sudeste aclararon que durante más de diez meses intentaron sostener la actividad, gestionar soluciones y evitar el cierre, pero no lo lograron. El desfasaje arancelario y la falta de respuestas concretas terminaron por sellar un final anunciado.
En paralelo, los municipios empiezan a sentir el peso de una carga que no les corresponde. Hospitales públicos que atienden a afiliados del PAMI con recursos propios, intendencias que absorben costos crecientes y sistemas locales que comienzan a mostrar signos de agotamiento.
Es en ese contexto, Brügge reclamó que «PAMI tiene la obligación legal y ética de cumplir con los convenios”. Hace meses denuncia el incumplimiento de pagos a hospitales municipales en todo el país.
Para Brügge, el problema no es solo financiero, sino estructural. “Los municipios no pueden convertirse en financiadores involuntarios del sistema”, advirtió, al tiempo que remarcó que cada peso que no llega desde Nación impacta directamente en la calidad y continuidad de las prestaciones.
Brügge anticipó que impulsará nuevas acciones parlamentarias para exigir explicaciones y reclamar un plan urgente de regularización de las deudas. La preocupación, asegura, ya es generalizada entre intendentes de distintas provincias. “El Estado nacional no puede desentenderse de sus obligaciones”, sostuvo. Y dejó una frase que resume el drama en curso: “Cuando el PAMI no paga, no solo se desfinancia un hospital. Se pone en riesgo la salud de millones de jubilados”.
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