Pensiones por discapacidad: La Rioja frenó el ajuste de Milei y marcó un precedente nacional

El intento del Gobierno nacional de recortar pensiones por discapacidad encontró en La Rioja un freno político y judicial que terminó obligando a Javier Milei a dar marcha atrás. La provincia presentó un amparo que no solo detuvo el avance del recorte en su territorio, sino que sentó un precedente replicado en otras jurisdicciones, como Catamarca.

La reacción del Ejecutivo riojano derivó en un fallo favorable que evidenció el costo político y social del ajuste sobre los sectores más vulnerables. El propio Milei, en la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, anunció un incremento en las partidas destinadas a pensionados por discapacidad y confirmó que ponía fin a la judicialización en torno a la Ley de Discapacidad, sancionada por el Congreso pese al veto presidencial.

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Más allá del recurso legal, la decisión de La Rioja fue leída como un gesto político de fondo: priorizar la defensa de los derechos humanos por encima de la lógica fiscal del ajuste. El gobierno provincial eligió no mirar para otro lado y marcó un rumbo que luego fue seguido por otras provincias. El antecedente dejó en claro que la Justicia puede funcionar como contrapeso frente a decisiones del Ejecutivo nacional y que la resistencia local puede convertirse en motor de una defensa colectiva.

En un contexto donde la austeridad se presenta como justificación para recortar lo esencial, el fallo riojano mostró que la política puede y debe jugar un papel central en la protección de los más vulnerables. El mensaje fue contundente: los derechos de las personas con discapacidad no son una variable económica, sino una cuestión de justicia, humanidad y compromiso.

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