11 de noviembre de 2024

Para espiarte mejor: «El 75% de la Ciudad de Buenos Aires está videovigilada»

Horacio Rodríguez Larreta anunció hoy que el 75% de la Ciudad de Buenos Aires está videovigilada. La declaración se da a un mes de la denuncia sobre el Gobierno Porteño por el uso ilegal de datos biométricos de 7,5 millones de personas.

En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció la incorporación de 5.000 nuevas cámaras para monitorear las calles de Buenos Aires que, de esta manera, cubren el 75% del espacio. «Un 75% es una cobertura altísima. Las cámaras generan un efecto disuasivo. Y eso está comprobado que donde hay cámaras hay menos delito«, sostuvo Larreta hoy.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1531603025709744130

La algarabía del mandatario se ve contrastada con la preocupación por la violación de la privacidad de las personas en el marco de la denuncia presentada hace un mes por el uso ilegal de datos biométricos por parte de la Ciudad.

Entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña fueron 9 millones. El sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registroo Nacional de las Personas (ReNaPer) siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). Este registro solo cuenta con datos de 40.000 individuos, una cifra muy inferior a lo que solicitó el gobierno de Larreta.

Es decir, fueron solicitados datos de 6.000 personas por día en promedio. Entre las personas espiadas figuran
Cristina Fernandez de Kirchner (225 veces), Alberto Fernández (76 veces),  Máximo Kirchner (12 veces), entre otras personalidades del ámbito político. Además, figuras como Hebe De Bonafini y Estela de Carlotto. A esto se le suman periodistas como Gustavo Sylvestre, Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa, Alejandro Bercovitch, entre otros.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había dado cuenta de esta situación y le pidió a la justicia porteña que suspenda el sistema mientras se investiga. Así el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, ordenó la suspensión y solicitó el listado de personas espiadas e inmediatamente mandó a allanar el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Centro de Monitoreo.

Varias organizaciones de Derechos Humanos mostraron su preocupación por lo que implica este uso ilegal de datos. «Resulta absolutamente preocupante que en la actualidad estas tecnologías de vigilancia sean utilizadas sin el control que el propio marco normativo dispone, poniendo en riesgo los derechos de las personas que habitan la Ciudad de Buenos Aires», expresó un documento presentado el mes pasado a la Legislatura por el Cels, Amnistía Internacional, ADC, Fundación Vía Libre y ODIA.

En ese sentido, marcaron que existen evidencias en el mundo que demuestran que estas herramientas pueden violar el derecho a la privacidad, producir errores que afecten el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de la inocencia y provoquen la criminalización de personas incorrectamente identificadas.

La Justicia ratificó al juez Gallardo y rechazó el pedido de Larreta

Horacio Rodríguez Larreta planteó una recusación para separar al juez Gallardo de la causa porque sostenía que el magistrado había incurrido en falta de imparcialidad. Este recurso fue rechazado la última semana por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que terminó confirmando al juez al frente de la causa.

“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantara en el fallo. “La sola circunstancia de que el juez haya ordenado las medidas que consideró conducentes para cumplir con su obligación de instruir el proceso y, luego, haya decidido las cuestiones sometidas a su consideración, no resulta suficiente para justificar la alegada afectación de la imparcialidad exigible a los magistrados y, consecuentemente, su separación del proceso”, señaralon.

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