La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra detectó una serie de movimientos en activos digitales que coinciden con los pagos mencionados en el presunto acuerdo para “monetizar” la imagen del presidente Javier Milei. El convenio fue revelado por el periodista Hugo Alconada Mon y habría involucrado cifras millonarias en dólares estables.
Según el reporte periodístico, el borrador del acuerdo estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y transferencias mensuales de 250.000 dólares, a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en cuestiones de blockchain.
A partir de un oficio enviado por la Comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera virtual perteneciente a Mauricio Novelli y entregó los registros de sus operaciones. Con esos datos, los investigadores —junto a especialistas en criptoactivos— identificaron una dirección digital (CivUAihD9URSTXSKVXeVBEg9TMyPFCgdRu3Fb6MRS3vx) que habría recibido USDC 300.000 entre el 19 y el 30 de noviembre de 2024, y otros USDC 250.000 el 17 de enero de 2025.
Las transferencias coinciden con los montos y fechas del supuesto acuerdo difundido por la prensa. Además, se comprobó que Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos el 26 de noviembre de 2024. La billetera que concentró los 550.000 dólares habría derivado el resto del dinero hacia otras cuentas radicadas en exchanges internacionales, entre ellas OKX, Bybit, Bitget y la propia Binance.
Desde la Comisión estiman que esos movimientos podrían vincularse con pagos realizados por Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, en el marco del presunto convenio. Por esa razón, el organismo decidió enviar nuevos oficios a las plataformas mencionadas para identificar a los destinatarios finales y seguir el rastro del dinero.
El funcionamiento de la Comisión se sostiene en buena medida por la labor de los diputados Sabrina Selva y Juan Marino, del bloque Fuerza Patria, quienes impulsaron la apertura de los oficios y la trazabilidad de las operaciones. Ambos legisladores remarcaron la necesidad de “llegar hasta las últimas consecuencias” en la investigación sobre el uso de fondos y la posible comercialización de la figura presidencial.
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