Por Agustín Romero.-
Entre 2016 y 2019, al igual que en otros períodos de la historia argentina, la liberalización del control de cambios fue posible gracias a un primer ingreso de dólares, a lo que siguió un importante endeudamiento externo. De este modo en el mercado cambiario, la volatilidad del tipo de cambio generó fuertes impulsos a la inflación propició una gran desindustrialización, concentración económica, y una destrucción del empleo formal y de los ingresos reales.
Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)
En el período mencionado el gobierno de Cambiemos tomó con el FMI la deuda más grande de la historia de Argentina y del FMI, endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares. Esto representó 127 veces la capacidad de endeudamiento del país e impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos según indica el reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Esta deuda fue utilizada en su mayoría para la cancelación de deuda de corto plazo, emitida entre 2016 y 2019, por 27.732 millones de dólares (71% de los pagos por servicios de deuda realizados en el período). Además, según el balance cambiario del BCRA, durante el gobierno de Cambiemos la Formación de Activos en el Exterior (FAE o fuga de capitales) aumentó fuertemente totalizando unos 86.900 millones de dólares.
Fuente: elaboración propia en base a Balance Cambiario BCRA.
El informe de la AGN expone múltiples incumplimientos de dicho préstamo. Se subraya que el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, no tenía facultades para autorizar la toma de deuda pública y que no cumplió con el requisito de solicitar al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera. Asimismo, coexistió con una salida de capitales sin control, lo que debería haber sido evitado según lo indica el Convenio Constitutivo del FMI.
De este modo, al momento de la sucesión del gobierno quedaría desatada la tormenta perfecta que luego sería escenario de la más grande crisis sanitaria del último siglo.
La economía en la pandemia
El período que va de 2020 a 2023 comenzó con un nuevo piso de inflación de base por la crisis cambiaria que había precedido en 2018. El impacto en la actividad, los salarios, y el sector externo, llevó a establecer fuertes controles cambiarios, y a convocar la Mesa Contra el Hambre, justo antes de la pandemia. Además, se establecieron aumentos de las jubilaciones por decreto y se brindaron bonos para los haberes más bajos.
La profundización de la emergencia del COVID-19 impulsó grandes paquetes de políticas de atención en salud, infraestructura pública, contención del empleo y de los ingresos; e incurrió en un déficit extraordinario al igual que en el resto del mundo. Entre estas políticas pueden mencionarse la creación de unidades de atención médica, una fuerte campaña de vacunación, el Ingreso Familiar de Emergencia (alcanzando a más de 8,3 millones de personas), el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) (que atendió a más de 310.000 empresas), o la prohibición de despidos durante el aislamiento social.
Pronta pero corta recuperación
En enero de 2021, ante el levantamiento de hecho del aislamiento (ya con las primeras dosis de vacunas aplicadas) tuvo lugar el peor momento de los contagios por COVID. Sin embargo, la economía se vio rápidamente impulsada por los sectores de la construcción y la industria, en un principio, a lo que luego se sumaron los sectores metalúrgico, metalmecánico, y automotriz.
Sin embargo, en un año de elecciones de medio término la falta de mejoras en el poder adquisitivo se tradujo en falta de apoyo en las urnas. Esto destapó las internas la coalición de gobierno con la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien anunciaba una preocupación por el poder de compra de los salarios desde hacía tiempo, y señalaba a los “funcionarios que no funcionan” para el beneficio del pueblo. Asimismo, por no compartir la estrategia ni el resultado de la negociación, tiempo antes de la votación del nuevo acuerdo con el FMI en 2022, Máximo Kirchner renunció a su presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación.
En lo que siguió de 2022, la aparente desaceleración de los precios (gráfico 2) fue rápidamente revertida por la inflación mundial desatada a partir de los efectos de la guerra en Ucrania, principalmente por el aumento del gas que consume Europa y una provisión de suministros agrícolas que se vieron interrumpidos. A todo esto, se le suma la interrupción del ritmo de provisión de la hidrovía por los conflictos de soberanía de su gestión y funcionamiento en los últimos 30 años; y una quita segmentada de los subsidios. De todo ello, y en conjunto con la incertidumbre política, resulta una escenario de adelantamiento de las importaciones y retraso de las exportaciones, ante la especulación con una posible devaluación.
Gráfico2:
Fuente: elaboración propia en base a INDEC y BCRA.
Luego de no haber podido acumular reservas, y ante la inestabilidad de los precios con un tipo de cambio atrasado, se expandió fuertemente la brecha y presionó la suba del ritmo de devaluación (gráfico 2). Este episodio termina con la renuncia del Ministro de Economía Guzmán en medio de las diferencias sobre la segmentación de las tarifas en energía, empeorando aún más el escenario del momento.
El cambio de ministros dejaría a Sergio Massa en el Ministerio de Economía, reestructurando la gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.
Un párrafo aparte merece el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández y los manejos irresponsables de su investigación. Sumado a la persecución directa por parte de la Corte Suprema de Justicia con el condicionamiento a la candidatura de la máxima líder política del peronismo y la búsqueda del disciplinamiento de las fuerzas políticas a partir de este claro mensaje.
¿Alguien más quiere dólares en 2023?
La gestión actual de gobierno, carga con la caída de las exportaciones del sector agroindustrial (principal fuente de producción de dólares), que implicó un detrimento entorno a los 15 mil millones de dólares por la sequía de finales de 2022, generando un fuerte impacto en el sector argentino.
Gráfico3:
Fuente: elaboración propia en base a ICA INDEC.
Asimismo, las importaciones no disminuyen tanto como las exportaciones respecto de los primeros cuatro meses de 2023 (gráfico 3), y la utilización de los dólares se ve disminuida en general salvo en el pago de intereses a organismos internacionales, bilaterales, y al FMI; generando una caída de las reservas. En este sentido, la sequía pone en jaque al sector externo y a las condiciones del acuerdo. Para resolver la necesidad de divisas de este año (o contenerla lo más posible), se depende principalmente de las negociaciones con el FMI y de los acuerdos comerciales bilaterales con Brasil y China, principales socios comerciales de Argentina[1], para aminorar los efectos de una caída en la actividad por falta de insumos y saltos en las cotizaciones del dólar.
Si bien esta última tuvo una rápida recuperación, no se logró revertir el crecimiento sostenido de la tasa de inflación, ni la caída de los ingresos en muchos sectores de la economía. Actualmente, la Argentina tiene un mayor nivel de empleo principalmente explicado por el crecimiento del informal y precario, lo que explica el incremento de las personas por debajo de la Canasta Básica Total (indicador de pobreza) en el último semestre de 2022.
Revisar el acuerdo con el FMI
En su estrategia antiinflacionaria el acuerdo al que llegó Guzmán en enero de 2022, plantea la relevancia de las expectativas a partir del cumplimiento de metas macroeconómicas creíbles, pactadas con el FMI. Por supuesto, estas metas no podían prever el estallido de la guerra en Ucrania al mes siguiente de su firma, ni una sequía de magnitud semejante a la de 2022/2023.
Con una inflación mundial que no se observa desde hace cuatro décadas y la puja distributiva interna que ya antecede a la pandemia, el acuerdo con el FMI exige acompañar el aumento general de los precios con aumentos similares del tipo de cambio, la quita de subsidios, y el aumento de la tasa de interés. Al menos en el plazo y las condiciones observadas, estas políticas resultan inflacionarias y, definitivamente, no tienen en cuenta la posibilidad de una espiralización crítica de los precios con graves consecuencias para la sociedad argentina, por lo que es imperante que se revisen los supuestos bajo los que fue realizado.
En síntesis
La sociedad Argentina ha estado resistiendo un derrotero económico muy desfavorable los últimos años a partir de la crisis cambiaria de 2018 y siempre los sectores de menos recursos fueron los más perjudicados. La combinación de un régimen de alta inflación consolidado, con un sector externo fuertemente afectado por la sequía, y la escasez de reservas; en primer lugar, la inflación afecta el poder de compra quienes poseen un ingreso fijo pero en especial a los y las asalariadas con menos capacidad de negociar condiciones laborales y salariales; y por otro lado, a través de las corridas en el tipo de cambio por las expectativas de devaluación y la mayor dolarización, se dificulta aún más la efectividad de las políticas para contener el poder de compra de los ingresos.
El actual ritmo de devaluación significa una transferencia adicional de ingresos regresiva, es decir, en favor de los sectores de altos ingresos. Con o sin crecimiento es necesario distribuir. Una salida, a través de un acuerdo político y económico para frenar la inflación, si fuera justicialista, debe tener en el centro de sus prioridades recuperar el poder de compra de los ingresos y los derechos básicos del empleo formal, en un mercado de trabajo que actualmente es muy heterogéneo.
En este escenario de conflictividad social y política descritos florecen las propuestas facilistas, las que pretenden un Estado mínimo o excluyente, las reivindicaciones violentas y antidemocráticas. En un año electoral, resulta indispensable recordar que en la economía no existen los milagros, sino las políticas económicas, y estas no conforman por si mismas un plan económico. Depende de la posibilidad de continuar con las políticas productivas, crediticias, fiscales, educativas. De integrarlas a la planificación de distribución justa del ingreso. Y para esto son necesarios el Estado, las organizaciones sociales y sindicales, y el trabajo que sostiene los hogares todos los días. Nadie se salva sólo.
Por Agustín Romero (integrante de Justicialismo Económico).
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