La Iglesia Católica Argentina expresó su desacuerdo con la iniciativa gubernamental que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, a punto de ser debatida en la Cámara de Diputados. En declaraciones recientes, monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, cuestionó la medida al afirmar: «No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado». Según Braida, encarcelar a los jóvenes no resuelve los problemas de fondo.
La postura de la Iglesia se da en el marco de la inminente discusión legislativa que podría llevar la iniciativa del Gobierno a un dictamen favorable, apoyada por sectores de la UCR, el PRO, el MID y otros bloques aliados. Si bien el proyecto original proponía establecer los 13 años como nueva edad mínima para ser imputado, la versión más reciente se ajustó a los 14 años.
Braida advirtió que la respuesta a la delincuencia juvenil no debe ser exclusivamente punitiva. «Lo que necesitamos es un abordaje integral y multisectorial, que examine las causas profundas que llevan a los jóvenes a involucrarse en delitos graves», sostuvo en una entrevista difundida el domingo. En este sentido, destacó la importancia de generar espacios de prevención y recuperación más que recurrir al castigo.
El obispo también enfatizó las consecuencias negativas del encarcelamiento, señalando que los sistemas penitenciarios actuales «están abarrotados» y que en las cárceles se potencian problemas sociales, lo que hace que el encierro no sea una solución efectiva para los menores.
Además, Braida subrayó las «deficiencias estructurales» del sistema penitenciario argentino, un punto que también han señalado diversos legisladores, quienes han alertado sobre la falta de infraestructura adecuada para la detención de menores. En los proyectos de ley en discusión, no se incluyen partidas presupuestarias específicas para la construcción de nuevos centros de detención juvenil.
La postura de la Iglesia sobre este tema no es un pensamiento aislado, según Braida, ya que muchas otras organizaciones comparten la misma preocupación. Por ello, hizo un llamado a no apresurarse con decisiones que no aborden la problemática en su totalidad. «Es importante escuchar a todos los sectores sociales para encontrar una solución más profunda», concluyó, dirigiendo un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir», afirmó.
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