A fines de 2025, el gobierno de Javier Milei tenía todo listo para avanzar en el Senado con los cambios en la ley de glaciares. Sin embargo, se postergó para febrero de este año. Las fechas coinciden con el alineamiento geopolítico de Javier Milei con la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos impulsada por los Estados Unidos.
Con la firma del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” del pasado 4 de febrero, esta nueva fecha cierra perfecto para que Milei pueda ofrecerle a Trump los recursos naturales de Argentina.
El texto del acuerdo marca: “Los Participantes tienen la intención de implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos, de conformidad con sus respectivas leyes aplicables”.
En tanto, el artículo 2 dice: “Los Participantes tienen la intención de intensificar sus esfuerzos de cooperación para acelerar el aseguramiento del suministro de los minerales críticos necesarios para respaldar la fabricación de tecnologías de defensa y avanzadas, así como sus respectivas bases industriales, incluso mediante el aprovechamiento de instrumentos de política existentes, tales como la demanda industrial y la infraestructura de acopio de los Estados Unidos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de la Argentina (conocido por su sigla en español como «RIGI»)”.
La modificación a la Ley de Glaciares cuadra perfecto
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de modificación a la Ley de Glaciares que propone que no todas las formaciones con hielo perenne cuenten automáticamente con la misma protección. Deben ser las propias provincias quienes definan bajo sus propios criterios qué zonas presentan una función hídrica relevante. Así, se rompe el esquema de presupuestos mínimos ambientales de la ley sancionada en 2010.
Sin embargo, las reservas estratégicas nacionales del agua no tienen fronteras provinciales y sirven tanto para la agricultura, la producción vitivinícola, la ganadería y al país en general.
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