La administración de Donald Trump atraviesa una de sus semanas más convulsas en términos de seguridad jurídica y estrategia comercial. Tras un fallo histórico de la Corte Suprema que dejó sin efecto gran parte de los gravámenes impuestos bajo la figura de «emergencia nacional», la Casa Blanca activó este martes un nuevo arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones no exentas.
El movimiento no es solo una respuesta económica, sino un desafío político directo al Poder Judicial. Al verse desautorizado para aplicar tarifas de forma discrecional invocando emergencias, el Ejecutivo recurrió al Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta herramienta, casi olvidada en los anaqueles normativos, permite fijar tasas temporales de hasta el 15% por un período de 150 días sin pasar por el Capitolio, siempre que se argumenten desequilibrios en la balanza de pagos.
Aunque el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que la tasa inicial será del 10%, la intención de máxima del presidente sigue siendo el 15%. Fuentes de la Casa Blanca confirmaron a la agencia Reuters que Trump «no ha cambiado de opinión» y que el equipo técnico ya trabaja en el incremento.
La reacción internacional no se hizo esperar. Mientras que la Unión Europea y Japón exigen claridad sobre la compatibilidad de estas medidas con los tratados bilaterales, China mantiene una postura de cautela estratégica. Desde Pekín señalaron que evalúan «contramedidas», aunque dejaron la puerta abierta al diálogo.
Para los analistas, este escenario refuerza la narrativa de Trump de un Estados Unidos «estafado» por décadas de apertura comercial sin contrapartidas. Sin embargo, la incertidumbre es el mayor enemigo de los mercados: la sucesión de fallos, anuncios y parches normativos amenaza con enfriar las decisiones de inversión global a corto plazo.
Cómo afecta a la Argentina el nuevo arancel de Trump
La decisión reconfiguró el mapa comercial mundial y la Argentina vuelve a estar ante un escenario de incertidumbre en su relación con EEUU. El impacto no es solo económico, sino que golpea el corazón del reciente acuerdo bilateral (conocido como ARTI) que el Gobierno de Javier Milei buscaba capitalizar.
El sector de la carne vacuna es el único que mantiene sus condiciones de acceso previas, ya que su cupo de 80.000 toneladas anuales se rige por una normativa independiente al acuerdo invalidado. Esta excepción técnica permite que los frigoríficos argentinos continúen operando sin las nuevas restricciones impositivas, preservando el flujo de divisas de uno de los principales rubros de exportación hacia Estados Unidos. El marco legal de la carne no fue alcanzado por la nulidad judicial ni por el nuevo decreto de emergencia.
Por el contrario, las economías regionales como el limón, el vino, la miel y el aceite de oliva quedan plenamente alcanzadas por el gravamen del 10%. Estos sectores enfrentan ahora una suba de costos operativos que no estaba contemplada en sus proyecciones anuales, lo que afecta directamente su rentabilidad. Al no contar con una protección legal específica como la carne, estos productos argentinos pierden atractivo comercial frente a proveedores de países que mantienen acuerdos de libre comercio vigentes con Washington.
¿Aranceles por 150 días? El Artículo 122 de la Ley de Comercio
La utilización del Artículo 122 de la Ley de Comercio limita la vigencia del nuevo arancel a un máximo de 150 días. Esta temporalidad genera un escenario de alta incertidumbre jurídica que dificulta la firma de contratos de suministro a largo plazo entre exportadores argentinos e importadores estadounidenses. La posibilidad de que el arancel suba al 15% al finalizar este periodo, o que el Congreso de Estados Unidos introduzca cambios legislativos, impide una planificación financiera estable para las empresas locales.
Esta precariedad normativa desincentiva las inversiones destinadas a ampliar la capacidad exportadora hacia el mercado norteamericano. El riesgo de que las reglas de juego cambien nuevamente en menos de cinco meses coloca a los exportadores argentinos en una posición de vulnerabilidad administrativa. Además, la incertidumbre sobre la devolución de los aranceles cobrados ilegalmente bajo el esquema anterior suma una carga de litigiosidad que podría demorar años en resolverse, afectando la liquidez de las compañías involucradas.
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