Los insólitos proyectos de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense

Presentar un proyecto con errores conceptuales puede parecer nimio, pero esta suspicacia sirve para simular una mayor cantidad de propuestas trabajadas por el bloque. Así pareciera manejarse Juntos por el Cambio en el parlamento de la provincia de Buenos Aires, donde planteó normas que no tienen consecuencia alguna ni para el Estado ni sus votantes.

Los diputados provinciales Martiniano Molina, Natalia Dziakowski y Daniel Lipovetzky contribuyeron a agrandar la cantidad de proyectos del macrismo con documentos que, de ser aprobados, no generarán ningún tipo de efecto. Sí, en cambio, engrosan el volumen para aparentar un nivel de dedicación exagerado de cara a la campaña electoral del año próximo.

Si la alianza acumula varias de estas propuestas en la Cámara de Diputados bonaerense, ese podría ser uno de los ejes con el que enfrenten al gobernador Axel Kicillof o, en su defecto, al Frente de Todos en su conjunto en 2023. Un análisis detallado de DeudaPrometida.com logró identificar las últimas tres muestras de esta estrategia electoral. Todos son de libre acceso en el portal del congreso de la Provincia.

De cocinero a holgazán

Con menos esfuerzo que el resto, Martiniano Molina elevó un proyecto que contiene un único artículo. El trámite D-2118/22-23 del concinero del PRO propone la adhesión de la Provincia a la ley de talles. Esto carece de sentido, ya que la norma nacional 27.521 no exige esta acción por parte de las jurisdicciones.

Además, dado que se trata de una medida con alcance nacional, Buenos Aires ya se encuentra dentro. Más aún, las multas forman parte del mecanismo establecido por la ley de defensa del consumidor (24.240). Esta delega en las jurisdicciones las sanciones y, al mismo tiempo, la Provincia lo hace en los municipios a través de otra norma local. Por lo tanto, resulta innecesario un acto de este nivel complementario, ya que sin la sanción del proyecto de Molina se puede implementar la normativa nacional sin problemas. De hecho, así sucede.

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Error conceptual

Se le suma al ex intendente de Quilmes la más reciente presentación de Natalia Dziakowski, que confunde dos conceptos clave: el botón de baja y el botón de arrepentimiento. Esta diputada provincial pertenece al GEN Bahía Blanca, partido zonal que se aglomera bajo el de Margarita Stolbizer.

La Resolución 271/2020 de la Secretaría de Comercio Interior nacional indica que el botón de baja rige como obligación para los proveedores de servicios. Deja en claro también que deberá ser un link de fácil acceso y figurar en la página principal de cada web, al igual que los contratos de adhesión. Esto es así, por ejemplo, para la telefonía.

Por otro lado, a través Resolución 424/2020 de la misma secretaría, aclara que las páginas web que venden productos o servicios deben incluir un botón de arrepentimiento para que el comprador pueda revocar fácilmente su compra. Es decir, que el primero está apuntado a finalizar la prestación de un servicio, mientras que este para revocar la compra de un producto o un servicio.

Por lo tanto, carece de sentido exigir un mecanismo web para “dar la baja de los productos y/o servicios adquiridos”, como reza el artículo 1 del proyecto de Dziakowski. El documento D-2487/22-23 presentado por la macrista no solo cuenta con esta inexactitud técnica, sino que además pretende legislar un tema ya regulado por dos normas que tienen alcance nacional.

Pero sumado a todo esto, el proyecto de la militante de Stolbizer define una multa monetaria de entre $ 10.000 y $ 10 millones. Expertos legislativos desaconsejan tajantemente marcar números concretos, dado que con el tiempo los valores quedan desactualizados fácilmente y se requiere de una nueva ley para modificarlos. Es conveniente, en cambio, utilizar una unidad de medida, como el salario mínimo.

De más resta aclarar que la Dirección Provincial de Defensa de Consumidores ya ha sancionado a diversas empresas por no contar con los botones de arrepentimiento y baja. Esto se debe a que son las atribuciones que le confiere la normativa nacional.

Sin consecuencias

El diputado provincial Daniel Lipovetzky presentó un proyecto para declarar de interés la alimentación vegetariana y vegana. Más allá de su pertinencia y oportunidad, el legislador no propone acciones que se desprendan como consecuencia de que se sancione.

Si bien está claro que es atribución del Ejecutivo esta tarea, no se encuentran especificadas ni delineadas las medidas que debe tomar. Por lo tanto, los resultados finales pueden no ser los esperados por el integrante del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense.

Consultado por DeudaPrometida.com, Lipovetzky respondió que con la presentación del documento D-2064/22-23 busca “que el gobierno provincial promueva la oferta vegana en los establecimientos gastronómicos con algún tipo de identificación”. “Por supuesto que, si en el debate legislativo aparecen otras ideas, bienvenidas”, aclaró. “Es poner la primera piedra sobre un tema que tiene cada vez más fuerza en la sociedad”, añadió el otrora legislador nacional.

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