Los gobernadores se unen para exigir a Nación la restitución de fondos

Veintitrés gobernadores, junto con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se unieron para impulsar una iniciativa legislativa que apunta a restituir recursos económicos que les fueron recortados o retenidos de manera unilateral por la administración nacional. La decisión no es menor: refleja un grado de consenso político pocas veces visto entre mandatarios de diferentes signos y pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre la autonomía provincial y el poder central.

Las provincias denuncian la pérdida de fondos que históricamente fueron distribuidos mediante mecanismos establecidos en la Ley de Coparticipación, como el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En ambos casos, se trata de recursos que, por su naturaleza, están pensados para compensar desigualdades regionales, sostener servicios públicos esenciales y asegurar el funcionamiento básico de los Estados subnacionales. La retención o distribución discrecional de esos fondos golpea con fuerza a las provincias más pequeñas o con menor capacidad de recaudación propia.

En ese contexto, el reclamo de los gobernadores no es solo económico, sino también institucional. Las decisiones tomadas desde la Casa Rosada, bajo el argumento de un reordenamiento del gasto público nacional, impactan directamente en los presupuestos provinciales. La eliminación o reducción de transferencias no automáticas, sumada a la inflación persistente y la caída de la actividad económica, ha puesto en jaque la capacidad de varios gobiernos provinciales para hacer frente a sus obligaciones más elementales: pago de salarios, aguinaldos, funcionamiento de hospitales, mantenimiento de escuelas y asistencia social básica.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Deuda Prometida (@deudaprometida)

Reglas claras frente al disciplinamiento

El proyecto de ley que ahora se impulsa desde el Congreso busca dar respuesta a este escenario. Plantea, entre otros puntos, la restitución de los fondos del impuesto a los combustibles en favor de las provincias y una distribución más transparente y equitativa de los ATN, estableciendo reglas claras para evitar que estos recursos sean utilizados como herramienta de disciplinamiento político o administrativo.

No se trata solamente de una discusión técnica o contable. Lo que está en juego es la sostenibilidad del modelo federal y la necesidad de redefinir un esquema de distribución de recursos que permita a todas las provincias sostener un piso mínimo de funcionamiento institucional. Si las decisiones de ajuste recaen desproporcionadamente sobre los gobiernos locales, el resultado no será otro que un aumento de las asimetrías territoriales, la paralización de servicios básicos y el debilitamiento de la representación política en las regiones.

La advertencia de los gobernadores -quienes anticiparon que, ante un eventual veto presidencial, insistirán con la ley con el respaldo parlamentario de sus bloques- pone en evidencia el grado de desgaste en la relación Nación-provincias. Lo que comenzó como un reclamo aislado por partidas incumplidas hoy se consolida como un frente común que busca, mediante mecanismos institucionales, reequilibrar las reglas del juego en un país donde la concentración de poder en el Ejecutivo nacional ha sido históricamente una constante.Frente a este escenario, el diálogo aparece como el único camino razonable. La Nación necesita de las provincias para sostener la gobernabilidad y éstas, a su vez, requieren de una administración central que respete los compromisos asumidos y reconozca su rol en el entramado político, económico y social del país. Sin un acuerdo duradero, basado en la equidad y el respeto al pacto federal, los costos de esta disputa terminarán recayendo -como siempre- sobre la ciudadanía.

About Author

DeudaPrometida.com

See author's posts