Las cifras contradicen a Milei: aumentaron las denuncias por violencia de género

La cantidad de denuncias por violencia de género aumentó un 8% en enero, según datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. A pesar del receso judicial, los registros oficiales revelan un incremento de casos, lo que desmiente el discurso del presidente Javier Milei, quien minimizó la problemática en reiteradas oportunidades.

El recorte de más del 70% en programas de prevención y asistencia para víctimas, sumado a declaraciones presidenciales que niegan la desigualdad de género, genera preocupación entre especialistas en la materia. «Milei quiere negar la realidad», advirtieron abogadas feministas, señalando que la reducción del presupuesto en políticas de género deja a muchas personas en situación de violencia sin herramientas de apoyo.

Datos que exponen una realidad preocupante

El informe de la OVD detalló que en enero se evaluó la situación de 1129 personas afectadas por violencia de género. «El grupo más afectado fue el de las mujeres de 18 años y más (60%); seguido por el de niñas, niños y adolescentes (27%) y el de varones de 18 años y más (13%)», señala el documento.

Las cifras también indican que en casi la mitad de los casos (47%), la persona agresora era la pareja o expareja de la víctima. En el 33% se trataba de familiares directos como progenitores o hijos, mientras que el resto de los episodios involucraban otros vínculos, incluyendo familiares lejanos y amistades.

Los datos de la OVD reafirman una tendencia que Milei intenta desmentir. Durante su discurso en el Foro de Davos, el mandatario afirmó: «Llegamos, incluso, al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama ‘femicidio’, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre sólo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre».

Sin embargo, los registros de la OVD muestran que la violencia de género sigue en aumento, lo que refuerza la necesidad de mantener y fortalecer las políticas de asistencia, en lugar de desmantelarlas.

Recortes y ausencia de respuesta estatal

Desde que Milei asumió, el gobierno redujo casi en su totalidad el presupuesto destinado a programas de prevención y asistencia. El Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a víctimas en riesgo, sufrió una reducción del 98,6%. Mientras que en el primer trimestre de 2023 asistió a más de 34.000 personas, en el mismo período de 2024 la cifra cayó a solo 434 beneficiarias.

La línea 144, que brinda atención a víctimas de violencia, también sufrió una merma en su capacidad operativa. El seguimiento de casos se redujo un 25%, y por primera vez en siete años no cuenta con un presupuesto específico para 2025.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 dictaminó en diciembre que estos recortes son ilegales, ya que el Estado no está garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La Justicia ordenó al gobierno frenar los despidos en áreas clave, como la exSubsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia, de los cuales ya cerraron 81. También exigió que se restituyan fondos para los programas desmantelados.

El impacto del discurso oficial

Para muchas especialistas, la postura del gobierno no solo debilita las herramientas de asistencia, sino que también genera un clima de mayor permisividad frente a la violencia. «Cuando un Estado lo que hace es desproteger frente a la violencia, lo que hace es dejar habilitada esa violencia y el efecto que vemos es este aumento», advirtió la abogada Melisa García, de la Asociación de Abogadas Feministas.

García explicó que el gobierno «incorpora dentro de su agenda un discurso de odio sostenido, además de incorporar todo lo que es el descreimiento de la existencia de la violencia de género; esta idea de volver a segmentar, de instalar que el feminismo en todo caso lo que busca es generarse privilegios en detrimento del varón».

En la misma línea, la abogada Sabrina Cartabia, que acompaña a víctimas de violencia, subrayó: «Con estos números nos damos cuenta que sí es necesaria la política pública, que sí hay que apoyar a las mujeres que están en esta situación».

Los registros de la OVD revelan que el 96% de las víctimas sufrieron violencia psicológica, el 48% física, el 44% simbólica y el 34% ambiental. En los casos más graves, el equipo médico constató lesiones en el 18,6% de las personas atendidas, un 3,6% más que en la feria judicial del año anterior.

¿Hacia dónde va la política de género en Argentina?

En su afán por avanzar con su «batalla cultural», Milei desmantela políticas públicas que llevaban años en funcionamiento. «Ataca todo lo que en algún punto se fue construyendo para cambiar culturalmente, para tener pisos de derechos con las leyes y acciones concretas con políticas públicas que busquen erradicar las violencias, que busquen generar políticas de igualdad y de equidad reales», advirtió García.

Mientras el gobierno insiste en su postura de negar la violencia de género y avanza con la eliminación de la figura penal del femicidio, las estadísticas reflejan una realidad opuesta: los casos de violencia siguen en aumento y la falta de políticas de prevención y asistencia pone en riesgo a miles de mujeres en todo el país.

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