En la Argentina actual, conseguir empleo ya no garantiza derechos. Según el último relevamiento del INDEC, el 42% de quienes tienen trabajo en los principales centros urbanos del país lo hace sin ningún tipo de protección legal. Esto se traduce en más de 9 millones de personas que no cuentan con obra social, licencias pagas ni aportes jubilatorios.
Los datos son aún más duros cuando se observa a los sectores más golpeados. Entre los menores de 29 años, el empleo informal alcanza un alarmante 58,7%. En el caso de las mujeres, la tasa se ubica en 43,4%, por encima del 40,9% registrado entre los varones.
El fenómeno golpea especialmente a quienes trabajan por su cuenta: el 62,4% de los cuentapropistas lo hace sin figurar en ningún registro. Las ramas con mayores niveles de informalidad son el trabajo doméstico (77%), la construcción (76,6%) y el comercio minorista (51,9%), sectores que históricamente funcionaron sin regulaciones claras ni inspección estatal.
El informe también arroja otro dato preocupante: parte del trabajo informal se desarrolla dentro del sector formal. Un 11,8% de los trabajadores en negro lo hace en empresas registradas, mientras que un 4,8% se desempeña en hogares sin estar en blanco. Además, el 21,6% está directamente insertado en actividades completamente por fuera del circuito económico oficial.
En el caso del empleo asalariado, el 35,8% no realiza aportes previsionales, y dentro de ese grupo, el 84% no destina ni un peso al sistema jubilatorio. Como si fuera poco, dentro del universo de quienes figuran formalmente contratados, un 3,8% cobra parte de su sueldo por fuera del recibo, en una práctica que sigue extendida a pesar de su ilegalidad.
La pobreza avanza más rápido que la inflación
Mientras el empleo informal gana terreno, el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires también impone nuevos límites: una familia tipo necesitó en marzo al menos $1.147.602 para no caer bajo la línea de pobreza. Para ser considerada de clase media, los ingresos debieron superar los $1.804.267.
Los datos surgen del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), que también informó que la Canasta Básica Alimentaria (que mide la indigencia) subió un 7,22% en marzo, mientras que la Canasta Básica Total (que define la pobreza) aumentó un 5,32%. Ambas cifras están por encima del índice inflacionario del mes en CABA, que fue del 3,2%.
Si se compara con marzo de 2024, la línea de pobreza en la Ciudad saltó de $766.146 a $1.147.602, mientras que la indigencia pasó de $442.239 a $621.772. El deterioro del poder adquisitivo es evidente.
El IDECBA divide a los hogares porteños según su nivel de ingresos mensuales:
- Indigentes: menos de $621.772.
- Pobres no indigentes: entre $621.772 y $1.147.602.
- Vulnerables: entre $1.147.602 y $1.443.413.
- Sector medio frágil: entre $1.443.413 y $1.804.266.
- Clase media: entre $1.804.267 y $5.773.654.
- Sector alto: más de $5.773.654.
En este escenario, el avance del empleo sin derechos y el encarecimiento de la vida dibujan un mapa social cada vez más precario. Trabajar ya no es garantía de salir de la pobreza, y el Estado no tiene intención de revertir el deterioro que afecta a millones de familias.
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