En un fallo que marca un límite al uso de los tribunales para dirimir disputas políticas, la Justicia Federal dispuso el archivo definitivo de la causa en la que se investigaba al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la senadora nacional Florencia López. La denuncia, que buscaba encuadrar las críticas del mandatario provincial al programa económico de Javier Milei bajo figuras penales gravísimas, fue desestimada por inexistencia de delito.
“Se nos acusó de haber cometido delitos graves como intimidación pública, apología del delito, sedición y atentado contra el orden constitucional. Fue una acusación absolutamente desproporcionada que buscó tergiversar el sentido de nuestras palabras”, expresó Quintela tras conocerse la resolución.
El contexto: la «motosierra» y el conflicto por los fondos
La denuncia original se había gestado en el marco de la fuerte resistencia de La Rioja frente al recorte de transferencias no automáticas y la paralización de la obra pública nacional. En aquel momento, las declaraciones de Quintela sobre la necesidad de proteger a los riojanos frente al «experimento» libertario y la puesta en marcha de la cuasimoneda provincial (BOCADE «Chacho») fueron interpretadas por sectores cercanos al oficialismo nacional como un ataque a la unidad constitucional.
Sin embargo, el fiscal federal Carlos Rívolo fue contundente en su dictamen al señalar que los dichos de los dirigentes riojanos deben entenderse dentro de un «contexto de debate político y social intenso». Bajo esta premisa, la Justicia aplicó el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, ratificando que la libertad de expresión y el disenso político no pueden ser criminalizados.
Voces críticas en democracia
Quintela explicó que la causa judicial nunca tuvo sustento técnico y respondió a una estrategia de persecución. “Este fallo expone con claridad que es un mal uso de las instituciones democráticas intentar utilizar los tribunales para disciplinar o acallar a quienes piensan distinto”, sentenció el gobernador.
Desde el entorno de la senadora Florencia López también celebraron la medida, destacando que el archivo definitivo evita que se siente un precedente peligroso donde cualquier crítica a la gestión presidencial sea judicializada como un acto sedicioso.
El mandatario riojano aprovechó el cierre del proceso judicial para ratificar su perfil de opositor frontal al modelo de la Casa Rosada. “La democracia se fortalece cuando hay debate y cuando no se silencian las voces críticas. Vamos a seguir diciendo lo que pensamos con la misma convicción de siempre”, concluyó.
Con este frente judicial despejado, el gobierno de La Rioja busca ahora centrar la agenda en el reclamo por los fondos coparticipables y la reactivación del consumo interno, en un año 2026 donde la tensión entre las provincias y el Ejecutivo central no da señales de tregua.
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