La Inspección General de Justicia (IGJ), cuyo titular es Ricardo Nissen, denunció por mal desempeño a los jueces Julia Villanueva y Pablo Heredia, pertenecientes a la Sala C de la Cámara Comercial. Se los acusa de impedir investigar una offshore radicada en Panamá donde José Aranda, uno de los dueños de Clarín, invirtió casi 2.500 millones de pesos.
La presentación, que fue realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), también incluye denuncias por mal desempeño contra la misma Julia Villanueva y contra Eduardo Machin. Estas son por múltiples irregularidades en un fallo contra dos resoluciones que promovían resoluciones de género dictadas por organismo conducido por Nissen.
Con respecto a la guarida fiscal a nombre de José Antonio Aranda, dueño del Grupo Clarín y segundo de Héctor Magnetto, la IGJ sostiene que los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial garantizaron la impunidad impidiendo la investigación.
El 26 de octubre de 2020, Aranda quiso blanquear e inscribir en Argentina la sociedad Luarán SAU como continuadora de Luarán SA, una offshore que tiene desde el año 1985. La IGJ le rechazó la petición por no tener pruebas ni datos de donde proviene el capital. Aranda figura como único dueño de las acciones por un monto de 2.479 millones de pesos.
Aranda no presentó los balances a pesar de los reiterados pedidos de información por parte de la IGJ. Al tratarse de una sociedad originada como una guarida fiscal, el silencio abona a las sospechas que podría tratarse de una maniobra de lavado de dinero o evasión de divisas. Por todo eso, Nissen rechazó la inscripción de Luarán SAU.
En diciembre de 2020, se dispuso remitir los antecedentes al Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que realicen las investigaciones correspondientes. Esto fue apelado por los abogados de Aranda y cayó en la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Desde la Inspección General de Justicia sostienen que, casualmente, mucho de lo que se tramita allí termina siendo asignado a la Sala C que, en forma reiterada, tiende a revocar las decisiones del organismo. El Tribunal de Alzada revocó la intervención estatal permanente a la cual la IGJ sometió a dicha entidad, así como la intervención que la Inspección General de Justicia diera al BCRA, la UIF y la AFIP para que hicieran las investigaciones del caso.
La Sala C, integrada por Heredia y Villanueva, emitió un fallo donde convalidó el rechazo de la inscripción de la sociedad pero, por otro lado, sostuvo que al rechazar la inscripción no había nada por investigar. De esa manera impidió que el BCRA, la UIF y la AFIP investiguen los orígenes de los fondos del accionista del Grupo Clarín.
Así, Aranda queda libre de ser investigado por casi 2.500 millones de pesos de los cuáles no presentó ningún balance ni explicó su origen. Todo proveniente de una sociedad offshore radicada en Panamá.
BLINDAJE MEDIÁTICO
La IGJ denuncia un blindaje mediático por parte del multimedio Clarín a favor de la Cámara Comercial acompañado por un ataque permanente. En el medio del conflicto, Clarín publicó siete notas periodísticas en contra la Inspección General de Justicia, únicamente en los últimos 40 días (una cada cinco días)
En todas se plantea una defensa de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la revocación de resoluciones de la IGJ. Esto incluye tanto la que involucran a José Aranda, como otras que no lo tienen involucrado.
Como dato, en un comunicado de la IGJ, se destaca que es la misma Sala que, “coincidentemente”, fue propuesta por sus pares para intervenir en las seis causas que conciernen al denominado “Fideicomiso Ciego” del ex presidente Mauricio Macri, que asumieron los jueces Machin y Villanueva.
JUECES EN CONTRA DE LA PARIDAD DE GÉNERO
Entre otras denuncias de irregularidades de la IGJ contra la Sala C de la Cámara Comercial, se destaca un fallo en contra de una resolución del organismo comandado por Nissen que promovía la paridad de género en sociedades anónimas y otras figuras comerciales. Se trata de dos resoluciones generales publicadas el año pasado que tomaban en cuenta que, según las estadísticas de la organización especializada «Mujeres en la Bolsa», solo hay una mujer por cada cinco varones que dirigen o fiscalizan entidades comerciales o civiles.
Esto generó un juicio ante la Cámara Comercial, promovido por siete sociedades anónimas dedicadas al transporte automotor de pasajeros, solicitando la derogación de lo publicado en el Boletín Oficial. La Cámara se declaró competente a pesar que la Cámara Contencioso Administrativo Federal es el organismo especializado para estos casos.
Allí, los jueces Eduardo Machin y Julia Villanueva rechazaron e invalidaron la medida de la IGJ a favor de la paridad de género. El caso estuvo impregnado por múltiples irregularidades de competencia y proceder, denunciados por la IGJ y que motivan la presentación contra los magistrados.
De esta manera, las denuncias son contra los Doctores Villanueva y Machin por el mal desempeño en el accionar de la causa IGJ c/línea expreso y la sentencia dictaminada en contra de las resoluciones de género; y contra Villanueva y Heredia por mal desempeño en la causa Luarán.
La entidad dirigida por Nissen solicita que se inicie el proceso de juicio político, con la suspensión de los magistrados, la remoción de sus cargos y la destitución por mal desempeño de sus funciones.
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