La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y activó un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. La medida, que el Gobierno presenta como un giro profundo en la relación entre el fisco y los contribuyentes, abrió cuestionamientos técnicos por la renuncia a revisar aumentos patrimoniales sin respaldo.
Desde el organismo que conduce Andrés Vázquez defendieron la norma con un discurso de ruptura respecto del esquema anterior. “Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión. En ese esquema todos eran considerados evasores. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, sostuvo ARCA en un comunicado oficial.
Menos delito penal y plazos más cortos
Entre los cambios centrales, la reglamentación elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos y el de evasión agravada a 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción del delito tributario bajó de cinco a tres años, lo que acota el margen de investigación futura para quienes adhieran al régimen en los próximos meses.
Otro punto sensible pasa por la despenalización de la evasión: el incumplimiento deja de implicar una causa penal automática. Según explicó ARCA, “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal”.
Advertencias por el control patrimonial
La implementación del esquema encendió alertas en el ámbito profesional. Desde la cuenta especializada Blog del Contador advirtieron en redes sociales que “a grandes rasgos, mediante esta opción, ARCA no podría revisar incrementos patrimoniales no justificados habilitando así el uso de dinero o bienes no declarados anteriormente”.
La propia normativa confirma ese enfoque. El texto reglamentario aclara que el organismo no analizará el incremento patrimonial —incluidos depósitos bancarios— al verificar la adhesión, con el argumento de “despejar interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles”.
Quiénes pueden adherir y cómo funciona el régimen
El acceso al Régimen Simplificado de Ganancias queda limitado a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio total que no supere los 10.000 millones. Además, no pueden ingresar quienes revistan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales. La verificación contempla el año de adhesión y los dos anteriores, sin acumular montos entre períodos.
ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que cada contribuyente podrá revisar y modificar. La presentación y el pago en término —o la adhesión a un plan de facilidades— generan un “efecto liberatorio” respecto del impuesto del período fiscal base.
Bancarización, presunción de exactitud y multas
La reglamentación ratifica que las operaciones se consideran correctamente canalizadas cuando los fondos ingresan al sistema financiero en el origen o el destino, y mantiene la posibilidad de realizar compraventas inmobiliarias en efectivo, según el Decreto 22/2001.
El régimen también introduce una presunción de exactitud de las declaraciones presentadas bajo esta modalidad. Una vez cumplida la presentación y el pago, ARCA solo puede impugnar en casos excepcionales expresamente definidos. Cada ratificación anual convierte al período en una nueva base fiscal, extendiendo esa presunción hacia atrás, salvo que exista una intervención previa notificada.
En materia sancionatoria, la normativa habilita rectificaciones espontáneas sin que se consideren discrepancias significativas y prevé una reducción del 50% de las multas para quienes regularicen dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.
Mientras el Gobierno celebra un “cambio de paradigma” que promete previsibilidad y libertad de uso de los ahorros, el debate queda abierto sobre el costo fiscal y el alcance real del control estatal en un sistema que, para muchos especialistas, corre el riesgo de legalizar la falta de explicaciones sobre el origen del patrimonio.
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