23 de junio de 2024

Entre negociaciones, extorsiones y denuncias de compra de votos se define el futuro de la ley bases

En las horas cruciales para la aprobación de la ley más importante de todo su gobierno, Javier Milei se irá del país. No estará presente para el cierre del debate en el Senado del proyecto “bases” por un viaje que comenzará el miércoles a la noche rumbo al G7 en Italia, donde sólo irá acompañado de su hermana, Karina Milei, pero sin la canciller, Diana Mondino, quien legalmente se debe encargar de mantener los vínculos internacionales.

El Gobierno desistió en su infantil pretensión de exigir que el Congreso apoye el proyecto de ley ómnibus por el simple hecho de que sacaron más votos en un balotaje y pasó a utilizar una estrategia política. En esto influenció el razonablemente ascendido a jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le dedicó meses a conversar uno por uno con los gobernadores y legisladores.

Las negociaciones consistieron en el traspaso de obras públicas a las provincias y provisión de fondos. El martes mantuvo en Casa Rosada un encuentro con el titular del Ejecutivo de Salta, Gustavo Sáenz, con quien firmó convenios para el cambio de manos y la colaboración en materia de obras públicas, y de esta forma se suma al listado que incluyen a Catamarca, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Chubut y Neuquén. Parte del juego de la política, sí, pero con un escenario blanco-negro tan evidente que quienes no cedieron ante las tentaciones sus provincias resultaron sumamente perjudicadas.

Si bien a Francos se le debe atribuir las (escasas) victorias libertarias, no fue el único encargado de ocuparse de obtener los votos parlamentarios. El ahogo presupuestario que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo, jugó un rol fundamental.

Tal es el caso del territorio que gobierna Axel Kicillof, que reclama que Milei acumuló una deuda de $ 6,3 billones. Este inmenso guarismo se escinde en $ 1,7 billones en pasivos directos de Nación con la provincia, $ 4,4 billones por obras públicas comprometidas, $ 26.777 millones en deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales y $ 73.539 millones por otros reclamos, que abarcan la asistencia alimentaria.

No se trata de una pulseada de Milei con Kicillof, sino un perjuicio a todos los bonaerenses, que pese a pagar los mismos tributos, reciben muchos menos fondos. Aunque, en rigor de verdad, abonan más, ya que los libertarios incrementaron el impuesto PAIS diez puntos y ahora pretenden volver a instalar Ganancias para los trabajadores.

Reclamamos en nombre de los 17 millones de bonaerenses que son damnificados por los recortes ilegales y despiadados del Gobierno nacional”, se plantó Kicillof. “No se trata de fondos discrecionales u optativos, sino de recursos que están reflejados en normas, leyes y presupuestos, y que el presidente Javier Milei ha decidido cortar de forma unilateral y arbitraria”, aclaró en una conferencia de prensa junto a todo su gabinete.

Corrupción libertaria: cuánto paga Milei por un voto

Entre las negociaciones para que se sancione la ley bases se dieron algunas non sanctas, como la de Lucila Crexell, que dio su voto a favor a cambio de un cargo. La senadora del Movimiento Popular Neuquino, que integra la coalición del gobernador Rolando Figueroa, había negado el vínculo. “Es una operación mediática indudablemente realizada, por una parte, interesada en ensuciar el debate de la ley y en ensuciarme a mí”, le contestó a LMNeuquén.

Sin embargo, el jueves pasado a las 14.47 se ingresó en el sistema GDE una providencia con un mensaje al Senado para proponer la designación de Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la UNESCO. La motosierra de Milei parece no tener jurisdicción en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que para ese puesto paga sueldos de entre US$ 12.000 y US$ 15.000 mensuales. El documento lleva la firma del director general de Recursos Humanos de la Cancillería, que responde a Mondino.

El repentino apoyo de la legisladora al Ejecutivo llama la atención no sólo por la coincidencia con el trámite de su postulación sino también porque el 14 de marzo formó parte de la mayoría que rechazó el DNU en la Cámara alta. El cambio de sentir, tres meses después y en el marco de una economía en franca depresión, pareciera no poder atribuirse a la confianza en la gestión económica ni política del Gobierno.

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