En plena crisis y tras la represión, el Gobierno lanza una ley «antibarras» sin pruebas claras

El Gobierno insiste con las barras mientras evade responder por la represión a jubilados y el abuso de las fuerzas de seguridad.

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra las barras bravas del fútbol, con la creación de una nueva figura penal denominada «asociación ilícita del fútbol». La iniciativa, anunciada este lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llega pocos días después de la represión en la marcha de jubilados en el Congreso, donde más de 100 personas fueron detenidas y el fotoperiodista, Pablo Grillo, resultó gravemente herido.

Pese a que el gobierno no pudo presentar pruebas de que barrabravas participaron en la movilización, Bullrich justificó el accionar de las fuerzas de seguridad asegurando que “hubo barras” entre los manifestantes. «Desde que llegamos al gobierno comenzamos el trabajo de esta ley», sostuvo la ministra en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el director de Eventos Deportivos, Franco Berlín.

Una ofensiva que trasciende el fútbol

Según Bullrich, el proyecto de ley busca «encuadrar a las barras» y «tipificar los delitos» cometidos por estos grupos, ampliando las penas no solo a hechos de violencia en los estadios, sino también a «todos los negociados que rodean la actividad de estas barras».

«Esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley antimafias que va contra las organizaciones criminales, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la Argentina», explicó la funcionaria. «En caso de que fueran condenados, además les cabe una pena de acuerdo al tipo de delito que cometan. Y cuando esto es en el marco de la barra, se crea esta figura especial de la asociación ilícita futbolística».

Críticas a los dirigentes de los clubes

Bullrich también apuntó contra las dirigencias de los clubes de fútbol, a quienes acusó de facilitar la financiación de las barras bravas. «Castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento y, en muchos casos, está avalado por las conducciones de los clubes», advirtió la ministra.

«También se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas», remarcó Bullrich. Y concluyó: «Prohibirles la entrada a la cancha implica desarmar esta lógica de negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras».

El anuncio del proyecto de ley llega en medio de fuertes cuestionamientos al gobierno por la represión en la movilización de jubilados, donde efectivos de seguridad detuvieron arbitrariamente a manifestantes y atacaron a trabajadores de prensa. La falta de pruebas sobre la supuesta participación de barras bravas en la marcha ha generado suspicacias sobre los verdaderos objetivos de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

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