El fuerte aumento del gasoil empezó a sentirse en el transporte público: varias líneas de colectivos del AMBA reducen servicios y ajustan recorridos ante un escenario de costos en alza, menos pasajeros y subsidios en baja.
El combustible que compran las empresas directamente a las petroleras ya supera los $2100 por litro, con una suba cercana al 25% en pocas semanas. Sin embargo, los cálculos oficiales que definen ingresos y compensaciones todavía toman un valor bastante menor, lo que genera un desfasaje que impacta de lleno en la ecuación económica del sector.
El gasoil explica cerca de una quinta parte de los costos operativos. Con un consumo mensual que ronda los 42,5 millones de litros en el AMBA, cualquier variación tiene efecto inmediato. El incremento reciente, sin una actualización acorde de tarifas o subsidios, amplía el déficit de las empresas.
En ese contexto, algunas líneas ya recortan frecuencias hasta un 20%. La menor oferta de unidades se combina con una caída sostenida en la demanda: en el último año, el uso del colectivo bajó 12%, lo que equivale a más de un millón de pasajeros diarios menos. La tendencia no es nueva: en una década, el sistema perdió alrededor de un tercio de sus usuarios.
La reducción también se ve en la cantidad de unidades en circulación. En los últimos cuatro años, dejaron de operar unos 3000 colectivos en el área metropolitana, con un parque que pasó de 18.500 a 15.500 vehículos. Menos subsidios y una recomposición tarifaria insuficiente explican parte de esa contracción.
El esquema de ingresos cambió fuerte. Mientras a fines de 2023 los subsidios representaban la mayor parte de los recursos del sistema, hoy ese peso cayó de manera significativa, lo que obliga a las empresas a depender más de la recaudación por boletos.
A su vez, las tarifas evolucionan de forma desigual según la jurisdicción. Ciudad y Provincia aplican actualizaciones mensuales atadas a índices inflacionarios con recargos adicionales, mientras Nación ajusta de manera más espaciada y con aumentos puntuales. Esa heterogeneidad suma incertidumbre en un sistema que funciona de manera integrada.
El encarecimiento del combustible golpea con más fuerza a las empresas chicas, que suelen pagar el gasoil al contado y tienen menor acceso al crédito. Las grandes, en cambio, cuentan con más herramientas financieras para afrontar subas temporales.
Otro cambio relevante es la relación entre precios mayoristas y minoristas. Hoy, el gasoil que compran las compañías resulta más caro que el que se vende en surtidores, algo que históricamente no ocurría. El mercado se invirtió en medio de tensiones internacionales y acuerdos informales para sostener valores locales del crudo.
En paralelo, la menor calidad del servicio —con esperas más largas— y el deterioro del poder adquisitivo empujan a parte de los usuarios a buscar alternativas: motos, caminatas o directamente reducir viajes. La combinación de menos pasajeros y mayores costos configura un círculo difícil de revertir.
Si el precio del combustible no baja y la actividad económica no repunta en sectores que generan movilidad, el sistema de colectivos podría seguir reduciéndose, con impacto directo en millones de usuarios que dependen del transporte público todos los días.
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