Unión por la Patria presentó un proyecto de ley de ética pública

Los diputados neuquinos de Unión por la Patria manifestaron que la provincia atraviesa una situación de gravedad institucional sin precedentes, que debe ser un punto de inflexión en el desempeño de los funcionarios públicos. Ante este contexto, presentaron en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley de ética pública, que comprende tres pilares fundamentales: la ley de ética provincial, la creación de la oficina anticorrupción de índole provincial, y la publicidad de la presentación de la declaración jurada patrimonial, y su evolución, de todos los funcionarios de los tres poderes del estado.

Los parlamentarios peronistas explicaron que el objetivo de este proyecto es que todos los funcionarios provinciales se sometan al funcionamiento de la oficina anticorrupción y exponer ante la sociedad de manera pública su declaración patrimonial. El proyecto, redactado por los legisladores justicialistas Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli, establece además normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses, el establecimiento de un régimen estricto sobre obsequios a funcionarios públicos y la formación de organismos específicos con autonomía funcional de control y aplicación de la ley.

Martínez, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que esta ley es necesaria para recuperar la confianza de la gente y viene a poner un punto final a la forma oscura de declarar los patrimonios. “La actividad del funcionario es pública y su patrimonio también, y al funcionario que no le guste que se dedique a otra cosa”, agregó. “Tenemos que rendirle cuentas a los neuquinos, desde cuál es nuestro patrimonio, cómo evoluciona y cómo nos desempeñamos en nuestro cargo. Hay que darle prioridad a los problemas de los neuquinos y el fortalecimiento de nuestras instituciones va en esa dirección”, señaló el jefe de bloque de Unión por la Patria.

Parrilli respaldó la idea de que el estado sea transparente y tenga tolerancia cero frente a los delitos. “En la Legislatura quieren hacer una sesión especial para destituir a la vicegobernadora porque supuestamente estaría implicada en un delito, pero al día de hoy no hay juicio, no hay delito y no hay condena. Lo que hay es una investigación en marcha en la Justicia hacia el hermano de la vicegobernadora, quien deberá dar las explicaciones, ser juzgado y condenado en caso que haya cometido un delito”, dijo. “Lo que también hay es un comunicado de la vicegobernadora que relata una situación de gravedad inédita, se presume en su escrito que el gobernador estaría utilizando la justicia para perseguir dirigentes políticos. Si esto es así, estamos frente a un caso de autoritarismo, abuso de poder y venganza política muy peligroso. Si esto es cierto entonces me pregunto, ¿qué le queda al ciudadano común? ¿En qué Justicia se podrá confiar?” agregó.

Sobre el proyecto, Martínez detalló que este es un primer paso para transparentar la política en Neuquén de una vez y para siempre. “La ley de ética pública deberíamos tenerla hace tiempo, esperamos que en este contexto, todos los diputados acompañen el proyecto porque tenemos que rendirle cuentas a los neuquinos”, señaló. “Este proyecto de ley nos dará las herramientas para prevenir, controlar y sancionar a aquellos funcionarios públicos que no sean transparentes y quieran beneficiarse personalmente de su gestión o de los recursos de los neuquinos”, agregó.

“Los neuquinos merecen saber si sus funcionarios se enriquecen o se benefician indebidamente al ejercer un cargo porque, sobre todo, necesitan que sus recursos vayan a los lugares que corresponde”, dijo Martínez. “Nos falta mejorar rutas, nos faltan construir más escuelas, nos faltan viviendas y que todos los neuquinos tengan gas. No podemos permitir, ni darnos el lujo de estar ausentes. La corrupción y las instituciones débiles impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos al desviar recursos que deberían destinarse a servicios esenciales”, concluyó.

Por su parte, Peralta remarcó la importancia de contar con una herramienta que controle la evolución patrimonial de los funcionarios. “La ley de ética pública es una demanda de la sociedad para que tomemos medidas de transparencia en el uso de fondos y la política no puede estar ajena a esos reclamos, por eso venimos presentando proyectos de este tipo desde principio de año”, dijo. Los diputados de Unión por la Patria pedirán su tratamiento en el recinto en una sesión especial en la cámara.

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