Mauricio Macri pretende elegir a dedo quiénes serán los jueces que investiguen su cuestionado “fideicomiso ciego”, con el que incrementó aún más su patrimonio cuando ejerció la jefatura de Estado de la Nación. Con ánimos de mostrar transparencia, el mandamás de Juntos por el Cambio le dio forma a un fondo que no está contemplado en la ley argentina, pero afectó al mismo una porción minoritaria de sus activos, según consta de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.
El 27 de abril, la Inspección General de Justicia dictó la Resolución 226, por la cual se le dictó la nulidad a este fideicomiso constituido en 2016. Esta decisión del organismo que conduce Ricardo Nissen fue apelada por las cinco empresas vinculadas, esto es “4 Leguas Sociedad Anónima”, “Molino Arrocero Río Guayquiraró Sociedad Anónima”, “Sociedad Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró) Sociedad Anónima”, “María Amina Sociedad Anónima”, “Seguridad Fiduciaria Sociedad Anónima”. También la recurrió el propio Macri.
Pese a que la IGJ envío la apelación de Macri a la Cámara Civil, dado que el fideicomiso no es una sociedad comercial sino un contrato, que además incluía la propiedad de bienes inmuebles del Edificio Molina Ciudad, todas las apelaciones terminaron en la Cámara Comercial. Esto consiste en una primera anomalía, dado que a la nulidad de un fideicomiso no se le aplican normas de derecho societario, sino, esencialmente, de nulidad de actos jurídicos, lo cual habitualmente es efectuado por la Cámara Civil, conforme su competencia ordinaria de actuación.
Elegir los jueces a dedo
En la primera de las apelaciones de las sociedades comerciales fue sorteada para intervenir la Sala C de la Cámara Comercial, integrada por los jueces Eduardo Machin y Julia Villanueva, que recientemente fueron cuestionados por un fallo de pretendió dejar sin efecto dos resoluciones de la IGJ que promovían medidas de acción positivas para concretar la diversidad y paridad de género en los órganos de administración y fiscalización de las sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y entidades religiosas. Las otras cinco apelaciones recayeron por sorteo en las salas comerciales A, B, D (allí dos de ellas) y F.
Sin embargo, estas cuatro salas de la Cámara Comercial decidieron de forma llamativa “ofrecer la jurisdicción” para asumir todas las causas referenciadas y asignadas informáticamente en origen a cinco salas distintas de la Cámara Comercial, a la misma Sala C integrada por Machin y Villanueva. Este ofrecimiento unánime fue interpretado como “inusual e ilegal” por la IGJ.
La causa del fideicomiso, armado por Macri para tratar de neutralizar el escándalo de los Panamá Papers, fue invariablemente aceptado por los jueces Machin y Villanueva. Estos magistrados fueron apoyados recientemente en un comunicado por la denominada Lista Compromiso Judicial, que representa una de las tres líneas de la Asociación de Magistrados, la llamada “lista verde o amarilla”, por estar integrada por jueces alineados con el macrismo.
El comunicado de apoyo estuvo relacionado con la Resolución General IGJ 12/2021 por la cual se instruyó a la Oficina Judicial que promueva juicio político a Machin y Villanueva por su actuación irregular en el proceso iniciado por siete empresas de colectivos que solicitaron se dejen sin efecto las dos decisiones relacionadas a paridad y diversidad de género. En ese escrito exhortan al Consejo de la Magistratura para que se rechace, sin siquiera analizarlo, esto es “in limine”, el eventual pedido de juicio político a los camaristas, lo cual es una “instrucción” a un órgano constitucional que no está bajo la órbita de los magistrados nucleados en lista política alguna.
Generó escepticismo dentro del Gobierno que los mismos dos jueces comerciales que trataron de impedir que se concrete una política de Estado como es la de promover la diversidad y paridad de género sean los mismos que, por ahora, deberán decidir la suerte judicial de una causa de enorme relevancia y repercusión política y social como es la del fideicomiso ciego de Macri. Este asunto ya está siendo investigada en sede penal por la jueza federal María Servini, a raíz de una denuncia efectuada por la Oficina Anticorrupción con base en la resolución particular que al efecto suscribió Nissen.
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