La Provincia de La Rioja dio el primer paso hacia la judicialización de los casos de bajas de pensiones por discapacidad, consideradas un grave retroceso en materia de derechos. Ante la Justicia Federal se presentó el primer amparo individual en favor de una mujer con afecciones de salud mental que vio suspendida su pensión por decisión del Gobierno nacional.
El gobernador Ricardo Quintela instruyó a los asesores legales del Estado provincial a brindar acompañamiento jurídico gratuito a las personas afectadas por la quita de pensiones dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la conducción del presidente Javier Milei.
El recurso de amparo con medida cautelar fue presentado por los abogados Marcos Rodríguez y Ana Astorga, quienes patrocinan a una vecina de la Capital riojana. El objetivo es restituir el beneficio de manera retroactiva.
“Creemos que esta es una acción muy necesaria porque no es la única persona de la provincia a la que le fue cercenado su derecho en forma ilegítima e inhumana. Junto con la doctora Astorga estaremos defendiendo a quienes lo necesiten, siguiendo las instrucciones precisas del gobernador Ricardo Quintela, en defensa de los más vulnerables”, expresó Marcos Rodríguez.
Por su parte, Ana Astorga remarcó que “son cuestiones sensibles, y debemos tener en cuenta que la salud mental no es visible. No se puede de un día para otro dar de baja un derecho adquirido en legal forma”. Y agregó que “para que se otorgue el beneficio hubo un procedimiento, con presentación de certificados médicos en tiempo y forma. Sin embargo, no se respetaron esos plazos y la baja se dispuso de manera arbitraria. Una enfermedad psiquiátrica es grave y no admite dilaciones ni esperas”.
Avance hacia un amparo colectivo
Desde la Universidad Popular, la abogada Samira Mitre -referente del área de Inclusión- destacó que lo que se busca es “la restitución de las pensiones y evitar que estas medidas se sigan repitiendo”. Explicó que este es el primer amparo individual, pero que ya se trabaja en la presentación de un amparo colectivo.
“La Universidad recibió numerosas consultas de personas que sufrieron la baja de sus pensiones. Lo relevante es que comienza una vía judicial que es factible y que deberá continuar si se multiplican las suspensiones. El Gobierno nacional está en una actitud de desamparo total hacia las personas con discapacidad”, advirtió.
Mitre también valoró la decisión del Gobernador riojano y destacó que “es esperable porque el Gobierno provincial siempre se mostró presente, al lado del pueblo y de las personas con discapacidad. Quintela siempre puso la cara frente a las actitudes crueles y maliciosas del presidente de la Nación”.
Las personas que necesiten asesoramiento legal ante la quita de pensiones pueden acercarse a la Universidad Popular, desde donde serán derivados a los letrados que intervienen en estas acciones judiciales.
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