La destrucción institucional avanza en la Argentina bajo el argumento de la eficiencia. Pero el desguace del INTA, el INTI, el SENASA, el INV y el INYM no es una modernización del Estado: es una demolición del tejido técnico, productivo y federal que sostiene el desarrollo del país. En lugar de mejorar lo que funciona, el gobierno optó por desfinanciar, despedir y concentrar el poder decisorio.
Así lo denuncia un informe revelador de la Fundación Encuentro, que analiza las consecuencias del modelo de ajuste impulsado desde diciembre de 2023, tras la llegada de Javier Milei a la presidencia y la implementación del Decreto 70/2023. Bajo una retórica de “libertad” y “racionalización”, se está vaciando la capacidad estatal de planificar, regular y acompañar los sectores estratégicos de la economía y la ciencia.
La situación del INTA —institución creada en 1956— resume el ataque en marcha. Su conducción plural, integrada por representantes del ámbito académico y del sector privado, está siendo reemplazada por una estructura con mayoría automática del Poder Ejecutivo. El objetivo: eliminar las voces que molestan y convertir al instituto en una oficina subordinada. A eso se suma la amenaza de absorber al INTI sin tener en cuenta su especificidad ni su trayectoria en tecnología industrial.
Lo mismo ocurre con el SENASA, que controla la sanidad de los alimentos y habilita exportaciones; el INV, que articula la industria vitivinícola; y el INYM, encargado de regular la producción y los precios de la yerba mate. Este último es un caso testigo: el gobierno intervino sin diálogo, destruyó el espacio donde se equilibraban intereses entre productores e industriales, y desató una concentración en favor de los grandes grupos.
“El futuro no se construye demoliendo lo que tenemos, sino mejorando lo que funciona y transformando lo que no”, advierte la Fundación Encuentro. El informe no niega la necesidad de cambios, pero reclama un modelo participativo, que escuche a quienes trabajan en el territorio y valore la experiencia acumulada.
Los organismos públicos no son una carga ni un lastre burocrático: son herramientas concretas para garantizar equidad, innovación y soberanía. Lo que está en juego no es un simple recorte presupuestario, sino el desmantelamiento de instituciones fundamentales para el desarrollo productivo, científico y social de la Argentina. La política de demolición disfrazada de eficiencia no moderniza: empobrece.
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