En medio de un nuevo operativo de seguridad que rodea el Congreso, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, lanzó una recompensa millonaria por información sobre los responsables de los disturbios ocurridos en la marcha de jubilados del 12 de marzo. El gobierno promete $10 millones a quienes identifiquen a los culpables de la violencia, mientras ignora las causas que motivaron la protesta y la represión brutal a la que fueron sometidos los manifestantes.
El mismo Gobierno que refuerza la seguridad y pone en marcha medidas punitivas contra los disturbios es el que no responde por la grave situación que viven miles de jubilados en el país. El ataque a Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas, es solo un síntoma de una política de ajuste que golpea directamente a los sectores más vulnerables. El ofrecimiento de recompensas por información sobre los disturbios refleja una vez más la falta de voluntad política para dialogar con los afectados y dar respuesta a sus reclamos.
En lugar de centrarse en los responsables de la violencia, el gobierno debería cuestionar por qué la protesta de los jubilados se convirtió en un escenario de represión y caos. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, los disturbios fueron orquestados por «grupos organizados y barras bravas», sin embargo, lo que no se menciona es cómo el descontento social, alimentado por las políticas económicas del gobierno, se traduce en manifestaciones cada vez más violentas.
El gobierno insiste en criminalizar la protesta y dar respuesta con recompensas para delatores, en lugar de tomar medidas reales para mejorar las condiciones de vida de quienes salen a las calles a exigir justicia. Este enfoque punitivo, que se enfoca en castigar a los que luchan por sus derechos, deja claro que lo que menos interesa es la resolución de los problemas que originaron la protesta.
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