Se inició un escándalo por la corrupción tras la revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la Ciudad y un empresario vinculado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron falsear evidencia para esconder un viaje a la selecta e ilícita mansión en Lago Escondido. A través de Telegram, armaron una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia que el magnate Joe Lewis mantiene usurpado, contrario a la ley que exige le permita el ingreso al espejo de agua a los argentinos.
La conducta de los funcionarios quedó expuesta por una filtración del celular de D’Alessandro, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta. Los únicos medios que lo publicaron el domingo por la mañana fueron Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna. El hackeo es adjudicado al sitio https://breached.vc.
El intercambio de mensajes de audio se da entre Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques. Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por Página 12 en su edición del 17 de octubre. Ese mismo día, los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo para instalar una única explicación, falsa. Así pretendieron evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de «dádivas», que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia: «Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida». También hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques.
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