El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca condenó hoy a 14 años de prisión al exmilitar Francisco Gabriel Castañeda como autor de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita en el juicio de la causa Ponce Borda III, en la que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar.
El tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Mario Martínez (de Santiago del Estero) y Federico Bothamley (de La Rioja), desestimó el pedido de la defensa de “sobreseimiento total y definitivo” y determinó por unanimidad que los delitos analizados, que tenían como único imputado al exmiembro de las Fuerzas Armadas Francisco Gabriel Castañeda, eran de “lesa humanidad de carácter imprescriptible, no indultable, ni amnistiable”.
El juez Enrique Lilljedahl, presidente del TOF, minutos antes del mediodía fue el encargado de leer la sentencia a Castañeda, quien se desempeñaba al momento de los hechos como Jefe de la Compañía A del Regimiento Aerotransportado 17 de Catamarca.
“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca por unanimidad, resuelve: declarar que el hecho juzgado en el presente juicio oral y público fue ejecutado en el marco del terrorismo de estado y por tanto constituye delito de lesa humanidad por ende de carácter imprescriptible no indultable, ni amnistiable”, manifestó Lilljedhal.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz había solicitado en su alegato la imposición de la pena de prisión perpetua para Castañeda, y la querella a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación representada por Ramiro Fresneda, había solicitado 12 años de prisión para el imputado.
Por su parte, la defensa de Castañeda a cargo del abogado Lucio Montero, había solicitado el sobreseimiento total y definitivo de su defendido, algo que fue desestimado durante el veredicto.
El tribunal determinó además que el condenado sea sometido a «exámenes médicos exhaustivos» por facultativos del cuerpo médico forense dependiente de la Corte Suprema de la Nación a los fines de determinar el estado de salud en el que se encuentra.
De esta forma se determinará si podría o no “complementar la pena impuesta en un establecimiento penitenciario común el cual quedara supeditado a que la presente sentencia quede firme”, añadió la resolución.
Castañeda recibió la condena por delitos de lesa humanidad en perjuicio de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, quienes el 15 de diciembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar, fueron secuestrados de su domicilio de calle 9 de julio 1276, en la capital provincial, por un grupo de entre cinco y seis personas vestidas de civil junto con una que portaba uniforme militar, y con los rostros cubiertos con pañuelos.
Y sin mostrar una orden de requisa o de detención, ingresaron por la fuerza a la vivienda donde amenazaron de muerte a Ponce y Burgos, para posteriormente secuestrarlos y darse a la fuga en dos vehículos.
En esta causa también estuvo acusado el teniente coronel retirado Juan Daniel Rauzzino, quien falleció en abril pasado.
Rauzzino llegaba acusado por la desaparición forzada de Nelly Yolanda Borda y con su fallecimiento se extinguió la acción penal que pesaba sobre él.
Según se pudo conocer durante el debate, al momento de ocurrido el secuestro, «Catamarca formaba parte de la denominada ‘Zona 3, con base en Córdoba. Esta zona tenía subzonas y Catamarca era la 313, comandada por el Jefe del Regimiento Aerotransportada 17, coronel Carlos Lucena. Castañeda, por entonces con el cargo de teniente primero, era jefe de la Compañía de Infantería A, del mismo regimiento del Ejército´».
La audiencia donde se conoció el veredicto comenzó hoy a las 11 y fue presenciada por familiares de las víctimas; la diputada provincial del Frente de Todos (FdT), Adriana Díaz, el director de Derechos Humanos de la provincia Hernán Verladez Vaca, y militantes de derechos humanos de la provincia.
En tanto, Castañeda siguió las instancias del debate, que comenzó el pasado 9 de Agosto, a través del sistema de video conferencia desde la sala D de la Secretaria General de la Cámara Federal de Casación Penal, asistido por la secretaria letrada de la unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, Adriana Gómez González.
Fuente: Télam
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