Exigen justicia fiscal para el derecho a la educación en América Latina y El Caribe

El reclamo se basa en investigaciones realizadas en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que dan cuenta que no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI. «Los sistemas tributarios regresivos, la alta evasión y elusión fiscal, los privilegios fiscales a las grandes corporaciones y riquezas, la ineficiencia de las políticas públicas y la poca transparencia en la ejecución de los presupuestos destinados a la educación son algunas de las causas que explican la crítica situación que vive el sistema», aseguran.

“No basta recaudar bien sino que es necesario invertir adecuadamente. No se puede hablar de justicia fiscal ni de ningún tipo de justicia fuera del ecosistema de los derechos humanos, porque es ahí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias”, sentenció en su presentación Vernor Muñoz, miembro de la Campaña Mundial por la Educación.

Fue durante el encuentro realizado en Santiago de Chile por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC). El objetivo fue promover una campaña regional que posicione a la justicia fiscal como eje fundamental para garantizar el derecho humano a la educación.

Adrián Falco, coordinador en Fundación SES y Co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) de Argentina, dio un panorama de los países que integran la región, en particular Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que fueron utilizados como casos de estudio y que no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a la educación.

Dentro de ese universo, Argentina se destaca por ser el que más dinero destina al sector, a pesar de que solo alcanzó dicha meta del 6% de su PBI en 2015. Desde 2016 se contrajo hasta llegar, en 2019, al 4,8%; exhibiendo un aumento real de la inversión en educación del 19% de su presupuesto en el año 2021 respecto al año anterior. En cuanto a los valores alcanzados por el resto de los países, Colombia destinó, en los últimos años, un 4,5% de su PBI, Guatemala bajó a un 3% en 2021, Paraguay a un 3,3% en los últimos 5 años, Perú mostró tendencia positiva en los últimos 7 año llegando un 4,25% y R. Dominicana 3,75% (entre 2015 y 2021, y solo en 2020 ascendió a 4,52%).

Para revertir este panorama, los especialistas afirmaron que la clave está en atacar la evasión y elusión fiscal que es un mal que atraviesa a toda la región y avanzar en reformas tributarias progresivas. En esa línea, Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal, GATJ, exigió establecer una alianza contra los flujos financieros ilícitos que se llevan los recursos de un país a otro.

Mariana Huepe, de la CEPAL, hizo hincapié en la necesidad de derribar el mito respecto a que más impuestos atentan contra el crecimiento económico y generan desempleo. «Cuando la OCDE tenía un nivel de ingreso per cápita similar al que tenía AL en 2014, ya tenía una carga tributaria mayor que la región. Se suele escuchar que si se suben los impuestos se va a perjudicar el crecimiento económico y claramente aquí se ve que no. La OCDE en 1965 tenía una carga tributaria cercana al 25% y a medida que va creciendo, va aumentando su carga tributaria. Es decir que esta relación negativa entre carga tributaria y crecimiento no se sostiene», explicó.

La segunda parte de la jornada estuvo enfocada en debatir sobre fiscalización y educación y de la misma participaron panelistas de la Argentina (Marcela Browne, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, y La Diputada María Rosa Martínez), Colombia (María Elena Urbano, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Miguel Ángel Rodríguez, de Cedetrabajo, y la Senadora Sandra Jaimes), Guatemala (Víctor Cristales del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala y Darinel García del Movimiento Tzuk Kim-pop), Perú (Anddy Landacay, de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación-Grupo Nacional de Presupuesto Público y la dirigente, antropóloga y docente Verónika Mendoza), Paraguay (Ángeles Ferreira, de la Red por el Derecho a la Educación Paraguay) y la senadora Esperanza Martínez); y República Dominicana (Jeffrey Lisardo, del Ministerio de Economía, y Pedro Acevedo, del Foro Socioeducativo de dicho país).

En dicho panel, la mayoría de los expositores coincidieron en que sus países cuentan con sistemas tributarios regresivos que imposibilitan el cumplimiento de la meta planteada sobre la asignación del 6% del PBI de sus países a Educación. En los casos de Argentina y Colombia, coincidieron en mencionar que en este contexto de profundas desigualdades, es necesario invertir el 8% del PBI para contar con las ofertas educativas, la infraestructura escolar, la conectividad, las becas para quienes lo requieran y los equipos docentes necesarios para garantizar el derecho a la educación para todas las personas.

Países como Paraguay expresan la necesidad de intervención para infraestructura educativa en un 45% de los establecimientos educativos; o Colombia, que muestra porcentajes cercanos al 5% en niños, niñas y jóvenes, excluidos del sistema educativo. La evasión, la elusión y los privilegios tributarios aparecen como los principales causantes del no cumplimiento de las metas establecidas, además de la caída del PBI en todos los países a causa de la pandemia.

La evasión tributaria representa un 4,5% del PBI en países como República Dominicana, 5% en Colombia, 8% en Perú, 7,9% en Paraguay, 18% en Guatemala. La CEPAL estima que en 2018, la región perdió 325 mil millones de dólares debido a la evasión y/o elusión fiscal. Este monto equivale a un 6.1 % del PIB o al 139% del gasto destinado a educación en 2019.

Entre las propuestas regionales discutidas por los y las asistentes, se planteó la necesidad de contar con transparencia de la información como un elemento clave para avanzar en la justicia fiscal.

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