En el arranque de 2026, el Gobierno nacional activó un fuerte incremento en los sueldos de los principales funcionarios, que en pocos meses más que duplicaron sus ingresos. La medida llegó luego de un largo período sin actualizaciones salariales para la plana mayor y se formalizó a través de un decreto firmado a comienzos de enero.
La decisión dejó afuera al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes mantuvieron sus haberes sin modificaciones. El jefe de Estado percibe $4.066.018, mientras que la titular del Senado cobra $3.764.821. En contraste, el resto del Gabinete quedó alcanzado por aumentos que superan el 100% en el primer tramo del año.
Sueldos en alza dentro del Gabinete
Los ministros encabezaron la suba: pasaron de cobrar poco más de $3,5 millones en diciembre a superar los $7,1 millones en enero. Con las actualizaciones posteriores, sus ingresos escalan hasta más de $8 millones proyectados para mayo. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, percibe un salario equivalente al de los ministros.
La recomposición también impactó en secretarios y subsecretarios. Los primeros, que venían de ingresos cercanos a los $3,2 millones, superan ahora los $6,5 millones y se encaminan a rozar los $7,3 millones. En tanto, los subsecretarios pasaron de alrededor de $3 millones a cifras superiores a los $6,5 millones en pocos meses.
En términos porcentuales, la evolución muestra incrementos cercanos al 99% entre diciembre y enero, que se amplían al 102% en febrero y llegan hasta un 123% proyectado para mayo. Desde el oficialismo justifican la medida al señalar que los salarios venían retrasados frente a la inflación acumulada, que ubican en torno al 194% durante el período sin ajustes.
Brecha con el resto de los trabajadores y tensiones políticas
Sin embargo, la actualización salarial de la cúpula política contrasta con los ingresos del resto del sector público. De acuerdo a estimaciones gremiales, el salario promedio de los trabajadores estatales ronda los $1.200.000, con pisos cercanos a los $600.000 en algunos sectores. Incluso el índice Ripte, que mide remuneraciones formales, se ubica bastante por debajo de los sueldos de los funcionarios.
La decisión también se da en un contexto donde el propio Gobierno sostuvo un discurso de austeridad y fijó límites a las paritarias del sector privado. En el decreto que habilitó las subas, la Casa Rosada argumentó la necesidad de contar con una estructura salarial “adecuada, competitiva y coherente con las responsabilidades asumidas”.
El cambio de política se produjo tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de 2025 y en medio de reclamos internos por la dificultad para retener cuadros técnicos. Según trascendió, distintos ministerios advertían sobre la salida de personal jerárquico hacia el sector privado por la brecha salarial.
Con el correr de los meses, el escenario político sumó tensiones que volvieron a poner el foco sobre los ingresos de los funcionarios. Las investigaciones judiciales que involucran a figuras del oficialismo y los cuestionamientos por presuntos beneficios financieros reavivaron el debate sobre los sueldos en la administración libertaria.
Así, mientras el Ejecutivo defiende la recomposición como una corrección necesaria tras el congelamiento, la discusión pública vuelve a girar en torno a la distancia entre los ingresos de la dirigencia y los del resto de la sociedad.
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