Créditos sin control: funcionarios libertarios bajo la lupa por los préstamos del Banco Nación

Una denuncia penal sacudió al Banco Nación y encendió alertas sobre el uso de fondos públicos. La presentación judicial advierte sobre un presunto esquema de créditos otorgados en condiciones irregulares a personas vinculadas al Gobierno de Javier Milei, con montos que rondan los $400 millones.

La causa, impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, pone el foco en decisiones tomadas por exautoridades de la entidad. Entre los señalados aparecen Daniel Tillard, extitular del banco, y Juan Curuchet, exfuncionario del Banco Central, quienes habrían habilitado operaciones sin respetar criterios básicos de evaluación financiera.

Un sistema de créditos bajo la lupa

El expediente describe un mecanismo donde el acceso al financiamiento no seguía parámetros técnicos habituales. En cambio, la acusación sugiere que primaron decisiones discrecionales que podrían haber beneficiado a determinados perfiles.

Entre las irregularidades que investiga la Justicia se mencionan:

• Préstamos aprobados sin un análisis crediticio sólido
• Controles internos débiles o directamente inexistentes
• Posibles vínculos entre quienes recibieron el dinero y funcionarios

Según la denuncia, estas prácticas habrían derivado en condiciones más favorables que las del mercado, con escasas garantías y dudas sobre la capacidad de devolución. De comprobarse, los hechos podrían encuadrar en delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Funcionarios y allegados, entre los beneficiados

Dentro del listado de operaciones cuestionadas aparecen nombres cercanos al equipo económico. Uno de ellos es Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y director del BICE, quien habría accedido a un crédito por $373 millones en febrero de 2025.

También figura Federico Furiase, actual Secretario de Finanzas, quien habría obtenido un préstamo hipotecario por $367 millones en agosto del mismo año. En ese momento, integraba el directorio del Banco Central y asesoraba al Ministerio de Economía.

La nómina incluye además a Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito cercano a los $302 millones, y a Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la Oficina de Respuesta Oficial, quien habría recibido unos $112 millones.

Silencio oficial y avance judicial

Consultadas por el tema, autoridades del Banco Nación evitaron dar precisiones y se limitaron a indicar que realizarán las “presentaciones judiciales correspondientes”.

El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre el manejo de recursos estatales, especialmente en un contexto económico delicado, donde cada decisión financiera de organismos públicos queda bajo la lupa.