El Gobierno nacional dispuso la entrega de un anticipo financiero por $400.000 millones a un grupo acotado de provincias, en una decisión que vuelve a poner bajo discusión los criterios de reparto de fondos en plena política de ajuste. La medida quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 219/2026, con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el texto oficial, será la Secretaría de Hacienda la encargada de definir cuánto recibirá cada distrito, en función de su capacidad de devolución y su participación en la recaudación nacional. Sin embargo, el esquema deja afuera a buena parte de las provincias gobernadas por espacios opositores, lo que alimenta cuestionamientos sobre un uso discrecional de los recursos.
El beneficio alcanza a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Salvo casos puntuales como La Rioja y Tierra del Fuego, la mayoría de las jurisdicciones incluidas mantiene algún grado de cercanía política con la Casa Rosada.
En contraposición, quedan excluidas provincias de peso como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero, además de distritos gobernados por el radicalismo, el PRO u otras fuerzas, como Santa Fe, Jujuy, San Juan, San Luis, Entre Ríos y Neuquén.
Condiciones y devolución
El decreto también establece que los fondos deberán ser reintegrados con una Tasa Fija Nominal Anual del 15%. Para garantizar ese recupero, Nación podrá retener automáticamente recursos coparticipables de las provincias beneficiadas hasta cubrir el monto adelantado más los intereses.
Además, la Secretaría de Hacienda tendrá amplias facultades para fijar las condiciones de desembolso y acordar los mecanismos de devolución con cada jurisdicción, consolidando un control centralizado sobre la operatoria.
Un reparto bajo sospecha
En un contexto de recortes y caída de transferencias, la medida profundiza el malestar entre los gobernadores que no acceden a estos fondos. Aunque el decreto argumenta criterios técnicos vinculados a la capacidad de repago, el recorte geográfico de los beneficiarios refuerza la lectura política del reparto.
El anticipo, lejos de aparecer como una herramienta neutral de asistencia financiera, se instala así como un factor más de tensión entre Nación y las provincias, en un escenario donde el federalismo fiscal vuelve a quedar en el centro de la discusión.
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