El escenario laboral muestra una cara mucho más compleja que la reflejada por las estadísticas oficiales. Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la desocupación ampliada —que incluye a quienes tienen empleos insuficientes y buscan más trabajo— alcanzó el 15,3% hacia fines de 2025, duplicando el nivel informado por el Indec.
El estudio, coordinado por Claudio Lozano, también advierte que la presión total sobre el mercado de trabajo —sumando distintas formas de subocupación— escala hasta el 24%, lo que deja en evidencia un cuadro de fuerte deterioro en las condiciones laborales.
Desde el centro de estudios plantean que la medición tradicional subestima el problema. La metodología vigente considera ocupada a cualquier persona que haya trabajado al menos una hora en la semana, lo que invisibiliza a un amplio universo de trabajadores con inserciones precarias o ingresos insuficientes.
“Si a la desocupación abierta (7,5%) se le suma la subocupación demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan activamente otra ocupación, se obtiene una tasa de desocupación ampliada del 15,3%”, detalla el documento.
El informe vincula este panorama con la dinámica económica actual, atravesada por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, sectores como comercio, industria y construcción enfrentan menores niveles de actividad, lo que impacta de manera directa sobre el empleo.
“La caída del consumo le pone límites a la salida laboral que ofrecían los servicios de bajos ingresos. Por lo tanto, al cuadro de alta precariedad e informalidad existente, se incrementan los casos de pérdida directa de puestos. Esto refuerza el círculo recesivo, ya que menos empleo deprimen el consumo y retroalimentan la caída de actividad en comercio, industria y construcción”, explica el trabajo.
El deterioro del salario real aparece como uno de los factores centrales de este proceso. Los ingresos vienen en retroceso sostenido y, según el relevamiento, acumulan varios meses de caída, con mayor impacto en el sector público.
En paralelo, el informe también advierte sobre el clima social. La combinación entre ajuste económico, pérdida de ingresos y episodios de corrupción incrementa el malestar y erosiona el respaldo al Gobierno.
“La pérdida de consenso incorpora un elemento adicional. Los episodios asociados a privilegios y corrupción tienden a volverse más sensibles para la opinión pública cuando el escenario es de caída del ingreso real y mayor fragilidad material. Cuando la vida cotidiana se complica, este tipo de hechos opera como una confirmación narrativa del malestar, amplifica el costo político de la confrontación y erosiona los márgenes de tolerancia social”, señala el documento.
En ese contexto, distintas encuestas relevadas durante marzo reflejan un aumento en la desaprobación de la gestión, con niveles que superan ampliamente la mitad de los consultados. Al mismo tiempo, las principales preocupaciones de la población giran en torno al empleo y los ingresos, desplazando a otros temas como la inflación.
Por otro lado, el trabajo también pone en duda la coherencia de otros indicadores sociales. Un informe del Banco Provincia marcó inconsistencias entre la evolución de la pobreza, el nivel de actividad y los ingresos relevados, lo que abre interrogantes sobre la medición de las condiciones de vida.
Así, el cuadro general combina empleo inestable, salarios en retroceso y una creciente presión sobre el mercado laboral, en un contexto donde los datos oficiales no logran reflejar con precisión la magnitud de la crisis.
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