Cómplice: la Justicia avaló la represión del protocolo Bullrich

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo avaló el protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad y le dio al Gobierno un respaldo clave para sostener su política frente a las manifestaciones. La decisión revierte lo que había dispuesto el juez Martín Cormick, quien había declarado inválida la medida meses atrás.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, integrantes de la Sala III, resolvieron dejar sin efecto la nulidad dictada en diciembre contra la resolución 943/2023. De esta manera, el esquema que regula la intervención de las fuerzas federales en cortes y protestas vuelve a tener plena vigencia.

En su análisis, los camaristas descartaron que el protocolo vulnere derechos constitucionales. “Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”, sostuvieron en el fallo.

Además, remarcaron que la normativa apunta a resguardar la circulación: “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.

La resolución judicial deja sin efecto la interpretación de Cormick, quien había cuestionado que el Ministerio de Seguridad se excediera en sus facultades al avanzar sobre competencias que corresponden al Congreso.

Celebración oficial y continuidad del esquema

Desde el Gobierno salieron a respaldar la decisión de inmediato. El Ministerio de Seguridad, ahora bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, difundió un comunicado en el que ratificó la continuidad del operativo en las calles: “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”.

El fallo consolida una política que viene generando fuerte polémica desde su implementación. Organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos vienen denunciando que el protocolo habilita intervenciones desproporcionadas en protestas sociales.

Entre los episodios más cuestionados aparecen ataques a manifestantes y trabajadores de prensa, como el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante una cobertura, o situaciones en las que personas perdieron la visión tras recibir disparos. También se registraron operativos en los que agentes federales arrojaron gas lacrimógeno contra civiles, incluso una nena de once años que se encontraba junto a su madre.