La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a poner en marcha sin demoras la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso el año pasado. El fallo llega en medio de un escenario de fuerte tensión con el sector, atravesado por un paro nacional de tres semanas impulsado por reclamos salariales.
La resolución judicial plantea que el Estado debe garantizar la implementación efectiva de la norma y dejar sin efecto cualquier incumplimiento que afecte su ejecución. En ese marco, remarca la responsabilidad del Poder Ejecutivo de asegurar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
Además, el tribunal advierte sobre la necesidad de evitar daños irreversibles en el sistema universitario mientras se define la cuestión de fondo. La medida alcanza a todas las instituciones del país y reconoce el carácter colectivo del derecho en juego, en un contexto de creciente deterioro presupuestario.
«Con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las Universidades el PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Aun si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas «, escribió Emiliano Yacobitti, Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.
Desde el ámbito gremial, la decisión también tuvo respaldo. El Secretario General de FEDUBA, Pablo Perazzi, señaló: “Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades”.
En la misma línea, Federico Montero, docente de la UBA y referente de CONADU, afirmó: “La cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse. La Ley de Financiamiento Universitario es una herramienta fundamental para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país”.
Desde FEDUBA interpretan la resolución como un respaldo clave en medio del conflicto, y remarcan que el fallo refuerza la obligación estatal de sostener el sistema universitario público de acuerdo con lo establecido por el Congreso. Mientras tanto, docentes y no docentes continúan reclamando una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo registrada en el último año.
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