En el arranque de las negociaciones salariales de 2026, la administración de Luis Caputo fijó una pauta informal que condiciona el rumbo de las paritarias: no se validarán acuerdos que superen el 2% mensual. La advertencia, transmitida en privado a sindicatos y cámaras empresarias, funciona como un mecanismo de presión, ya que sin homologación oficial muchas subas no se aplican.
El esquema se apoya en el rol de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, que tiene la potestad de convalidar o bloquear los convenios. En ese marco, varias negociaciones comenzaron a alinearse con el criterio oficial, incluso en sectores históricamente influyentes.
Uno de los casos testigo es el del sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que acordó una serie de aumentos decrecientes: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en los dos meses siguientes. El convenio, además, se extiende por seis meses, algo que contrasta con la preferencia sindical por revisiones más frecuentes.
“Si una organización poderosa como la de Moyano firmó a la baja que nos queda al resto?”, se preguntó un dirigente de un gremio del sector servicios que aún tiene abierta su negociación salarial.
El acuerdo también incluyó un aporte extraordinario de $25.000 destinado a la obra social del gremio, que atraviesa dificultades financieras. Sin embargo, ese refuerzo aparece lejos de resolver un déficit que, según datos oficiales, había alcanzado cifras millonarias en dólares.
En paralelo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, replicó un esquema similar. Tras ajustar los incrementos pendientes de enero y febrero, el nuevo tramo salarial se ubicó dentro de los parámetros oficiales: 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, con un bono adicional de $40.000.
Otros sectores, en cambio, encuentran mayores obstáculos. El gremio gastronómico que lidera Luis Barrionuevo no logró que se convalide un acuerdo para trabajadores de comedores, que incluía sumas no remunerativas. Desde el Gobierno objetaron que el esquema implicaba una suba mayor a la tolerada.
La falta de homologación genera un problema concreto: muchas empresas no aplican aumentos si el acuerdo no cuenta con aval oficial. Esto deja a los sindicatos ante una disyuntiva entre aceptar condiciones más bajas o arriesgarse a que los incrementos no se paguen.
Mientras tanto, otras negociaciones clave siguen abiertas. El gremio de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, aún no inició formalmente su discusión salarial, aunque anticipa que buscará ajustes en línea con la inflación. En la construcción, la UOCRA de Gerardo Martínez apunta a acuerdos más cortos, con revisiones mensuales.
En la industria alimenticia, el sindicato que conduce Héctor Morcillo avanzó con un incremento superior a la pauta oficial, lo que abre interrogantes sobre su eventual aprobación. En antecedentes recientes, acuerdos similares no recibieron homologación, aunque en muchos casos igual se aplicaron.
El trasfondo de estas negociaciones muestra un escenario en el que el Gobierno busca contener los aumentos salariales por debajo de la inflación, que en febrero se ubicó en 2,9% según el INDEC. La estrategia oficial, basada en el control de las homologaciones, redefine el equilibrio entre sindicatos, empresas y Estado en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y creciente tensión en el mundo laboral.
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