Tras la aprobación en el Senado la semana pasada, el Gobierno Nacional busca acelerar los tiempos para que la Cámara de Diputados convierta en ley la reforma laboral este miércoles. En este contexto de máxima tensión política, los gobernadores de la denominada «liga federal» emitieron un duro comunicado conjunto titulado «Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización», donde exigen a las fuerzas políticas votar en contra de un proyecto que califican como «antifederal» y «precarizador».
Los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) manifestaron su «pleno rechazo» y advirtieron que la propuesta oficial «debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral».
El fracaso de la flexibilización
Los gobernadores desestimaron el argumento oficial de que la quita de derechos promueva la contratación. «Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos», señalaron.
El documento pone el foco en la regresión normativa que implica el texto: «Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos».
El comunicado vincula la reforma con el impacto del plan económico de Javier Milei, aportando cifras críticas sobre la realidad productiva de las provincias:
- Destrucción de empresas: «Desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas».
- Pérdida de puestos de trabajo: Se contabilizan «casi 300 mil puestos de trabajo» perdidos.
- Inversión y capacidad: Denuncian los niveles más bajos de utilización de capacidad instalada y, «por primera vez, inversión extranjera negativa».
Para los mandatarios, la informalidad laboral —problema central del país— no se resuelve recortando derechos, sino mediante el desarrollo productivo y el mercado interno. «No nos oponemos a todo cambio. Nos oponemos a ESTE paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección», aclararon.
Una reforma «antifederal»
Finalmente, los gobernadores remarcaron que el proyecto ignora las economías regionales. «Se trata de una reforma profundamente antifederal. Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas», explicaron, subrayando que una transformación estructural de este calibre requiere consensos que el Ejecutivo decidió omitir.
«La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección», concluye el texto que busca frenar la sanción definitiva en la Cámara Baja.
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