A pocas semanas de que el Congreso sancione el Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei impulsa dos proyectos centrales que no detallan ni su impacto en las cuentas públicas ni la fuente de financiamiento. Se trata de la reforma laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil, incorporados al temario de sesiones extraordinarias pese a no estar contemplados en la “ley de leyes” que el propio oficialismo presenta como garantía del superávit fiscal.
El primer antecedente fue la reforma laboral, que incluye derogaciones y rebajas impositivas con efectos directos sobre la recaudación. Algunas de esas modificaciones alcanzan impuestos coparticipables, lo que traslada el impacto a las provincias. A ese escenario se suma ahora el Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo con Patricia Bullrich como una de sus principales impulsoras, también sin precisiones sobre su costo fiscal.
Ambas iniciativas avanzan en paralelo al discurso presidencial del “no hay plata”, una consigna que el Ejecutivo sostiene para justificar recortes y el incumplimiento de leyes ya sancionadas.
La Emergencia en Discapacidad, sin ejecución
Uno de los casos más visibles es la ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta diciembre de 2027. Pese a la sanción del Congreso y a fallos judiciales que exigen su aplicación, el Gobierno se niega a ejecutarla. El argumento oficial sostiene que la norma no cumple con la Ley de Administración Financiera, al no definir con precisión de dónde saldrán los fondos.
En esa línea, al distribuir los créditos presupuestarios del año, el jefe de Gabinete Manuel Adorni no asignó partidas para esa emergencia ni para la ley de Financiamiento Universitario, ambas insistidas por el Parlamento.
Qué dice la ley que el Gobierno no cumple
La propia normativa de Emergencia en Discapacidad contempla un mecanismo de financiamiento. El artículo 19 establece:
“Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.
De esta forma, el Congreso delega en el Ejecutivo la reasignación de partidas, un esquema que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años de gestión al trabajar con presupuestos prorrogados y montos desactualizados de la última ley sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández.
Impacto fiscal conocido… y desoído
Durante el debate legislativo de la Emergencia en Discapacidad, el impacto fiscal sí fue analizado. A pedido del entonces presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe con estimaciones de costos y posibles fuentes de financiamiento.
Aun así, La Libertad Avanza se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y mantuvo la ley sin ejecución.
Régimen Penal Juvenil y la doble vara
La postura del Ejecutivo resulta aún más llamativa al observar el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. El artículo de financiamiento del dictamen firmado en mayo del año pasado replica casi de manera textual el esquema de la Emergencia en Discapacidad. El texto indica:
“Asignación presupuestaria. Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio. Al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.
Pese a esa similitud, Espert se negó a pedir un análisis de la OPC sobre el costo fiscal del proyecto. En su lugar, presentó cálculos elaborados por los ministerios de Justicia y Seguridad y aseguró que la implementación equivaldría al “0,34% del Presupuesto 2024” o al “0,0042% del PBI”.
Ese número generó desconfianza en distintos bloques. “El Poder Ejecutivo hizo un cálculo berreta, nunca quisieron que el tema tenga un tratamiento serio en Presupuesto”, señaló un diputado que siguió de cerca el debate, y añadió: “Hacen como si todo lo que implica en el proyecto no saliera plata”.
Reforma laboral: sin números oficiales
La reforma laboral sigue un camino similar. El dictamen firmado en el Senado hacia fines de diciembre tampoco especifica cómo se financiarán las medidas que propone, pese a incluir cambios impositivos de peso. El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, evitó girar el texto a la OPC, por lo que su impacto fiscal continúa sin estimaciones oficiales.
El superávit, bajo la lupa
Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil avanzan cuando falta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026. Si el Congreso les da luz verde, su financiamiento quedará en manos de la reasignación de partidas que disponga Adorni, aun cuando esos gastos no figuran en la “ley de leyes”.
El propio Milei exhibe ese presupuesto como prueba de un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La incógnita que se abre es cuánto de ese margen resistirá si ambas iniciativas se convierten en ley.
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