Otro amparo busca frenar los superpoderes de la SIDE libertaria

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impulsó una nueva acción judicial para frenar el DNU 941/2025, la norma con la que el Gobierno reformó la ley de inteligencia y amplió de manera significativa el poder operativo de la SIDE. La organización pidió que se declare la nulidad del decreto y advirtió que la reforma pone en jaque libertades básicas, derechos personales y la participación democrática.

El planteo se dirige contra un decreto firmado el 31 de diciembre, apenas cerradas las sesiones extraordinarias del Congreso, y publicado ya con la feria judicial en marcha. Para el CELS, el Ejecutivo utilizó una herramienta de excepción sin ofrecer razones claras que justifiquen evitar el debate parlamentario. “No se trata de meros ajustes de estructuras administrativas, sino que las reformas implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, que encima fueron decididas por un instrumento de baja calidad democrática como lo es un DNU. Además, su dictado ni siquiera cuenta con una justificación clara y precisa sobre las razones de su utilización, así como tampoco se explica por qué no puede esperar los tiempos del debate democrático”, sostuvo Diego Morales, director de Litigio y Defensa del CELS.

La acción presentada por el organismo de derechos humanos se convirtió en el cuarto amparo contra el decreto. A las demandas previas de legisladores y abogados vinculados al radicalismo y a bloques opositores, se sumó ahora la impugnación del CELS, que remarcó la gravedad institucional de las modificaciones. Según Morales, el DNU “es la habilitación de una especie de super policía no definida como tal, y con mayores facultades, funciones y capacidades que aquellas”.

Uno de los puntos centrales del amparo apunta al momento elegido para avanzar con la reforma. “Ese es uno de los puntos más débiles del decreto. Las sesiones extraordinarias terminaron el 30 de diciembre. Es decir, el Poder Ejecutivo cerró el Congreso y al día siguiente firmó el DNU, es, como mínimo, una coartada”, explicó Morales.

El escrito judicial ordena sus cuestionamientos en cuatro ejes. “Identificamos cuatro ejes. El primero es la ampliación vaga y genérica de las facultades de inteligencia. Se redefine qué es una investigación de inteligencia de una manera tan amplia que cualquier actividad podría quedar alcanzada”, detalló. El segundo eje se centra en la flexibilización de prohibiciones históricas, como la imposibilidad de que los servicios de inteligencia realicen tareas de represión o se infiltren en ámbitos sociales. “Esas prohibiciones ahora quedan relativizadas bajo la excusa de la contrainteligencia, que fue re definida por este DNU”, agregó.

El tercer punto cuestiona el acceso directo a bases de datos estatales sensibles. “El tercer eje tiene que ver con el acceso irrestricto a bases de datos del Estado, como RENAPER, Migraciones y Aduana. Se rompe el principio de que los datos personales se entregan para fines específicos y de hecho se modifica la ley de datos personales sin ningún paso por el Congreso”, señaló Morales. El cuarto eje, quizá el más delicado, se vincula con la libertad personal: “El cuarto eje es el riesgo sobre la libertad personal, en particular la habilitación de detenciones bajo figuras ambiguas como la ‘aprehensión’ en tareas de inteligencia”.

Desde el CELS remarcaron que el amparo busca proteger derechos básicos. “El núcleo del planteo es la defensa de la autonomía y la libertad de las personas. La libertad de movimiento, de pensamiento, de asociación y de participación política. Cuando se amplían las facultades de espionaje interno, se restringe la capacidad de las personas de decidir cómo y dónde participar en la vida social y democrática”, explicó el director de Litigio.

El decreto, además, se articula con el cuestionado Plan de Inteligencia Nacional presentado el año pasado, que el CELS también llevó a la Justicia. “Hay una causa penal en la cual nosotros nos presentamos como denunciantes, como querellantes y ahí lo que está determinando la justicia es si efectivamente un plan de esas características -que ya habilitaba el espionaje interno- está vigente”, indicó Morales, en referencia a la investigación que tramita ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.

En cuanto al funcionamiento concreto del DNU, el organismo puso el foco en nuevas definiciones legales. “Ahí vos tenés la incorporación del ‘ARTÍCULO 2° ter’ que define qué se entiende por investigación de inteligencia y dice sencillamente que es todo aquello relacionado con la Inteligencia Nacional. Eso es una gran cobertura, un canal que les va a permitir cualquier acción”, advirtió Morales. A eso se suma la reformulación de la contrainteligencia, que ahora habilita excepciones antes vedadas: “También, en nombre de la contrainteligencia, ahora se pueden infiltrar en ámbitos sociales y políticos, cosa que estaba prohibida en la Ley de Inteligencia Nacional”.

Mientras el Congreso sigue sin sesionar, la discusión se traslada a los tribunales. Para el CELS, al menos existe un límite político y judicial. “En principio hay que valorar que la política reaccionó porque éste no es el único amparo, y creo que por lo menos se les va a dar trámite”, señaló Morales. Y agregó que, al tratarse de una cautelar, los tiempos deberían ser breves: “Nosotros estamos pidiendo sobre todo suspender estos artículos que tienen que ver con los ejes que te plantee en principio, ejes que afectan la libertad y la autonomía de las personas para desarrollar su actividad, su plan social, la participación política”.

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