Por el narcogate, la Justicia podría frenar la asunción de Lorena Villaverde

La designación de Lorena Villaverde como senadora nacional, que hasta hace pocos días parecía un trámite administrativo sin obstáculos, quedó envuelta en una fuerte controversia judicial. Una presentación ante los tribunales federales de Comodoro Py pide frenar su asunción hasta que se aclare el origen de los fondos utilizados durante la campaña electoral. El expediente apunta a posibles maniobras de lavado de activos y cita a figuras conocidas del armado libertario rionegrino, entre ellas Fred Machado y Claudio Cicarelli.

La denuncia fue presentada por Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, una entidad que dice combatir la corrupción y el lavado de dinero. En su escrito, el denunciante exige investigar la trazabilidad de los aportes que financiaron las actividades proselitistas y aclara que el reclamo no cuestiona los resultados electorales, sino la legalidad del financiamiento político.

El caso recayó en el Juzgado Federal N°5 e invoca los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional, que habilitan la intervención judicial en caso de riesgo para la transparencia institucional. Allí se mencionan presuntos delitos de lavado, asociación ilícita y encubrimiento agravado. También se solicita el acceso a registros bancarios, contratos de publicidad, convenios con consultoras y posibles aportes privados.

Machado, extraditado el 5 de diciembre a los Estados Unidos, aparece señalado como un posible articulador de triangulaciones financieras. Cicarelli, pareja de Villaverde, figura en el expediente por su relación con sociedades dedicadas a la explotación de arenas silíceas, actividad que involucra permisos otorgados por el gobierno provincial de Alberto Weretilneck. Aunque no hay imputaciones formales, la aparición de ambos nombres alteró el clima político interno y sumó ruido a la estructura libertaria en Río Negro.

Si la Justicia avanza antes del 10 de diciembre, la jura de Villaverde podría suspenderse. En ese caso, la banca quedaría en manos del siguiente candidato en la lista, el dirigente cipoleño Enzo Fulone.

Mientras tanto, dentro de La Libertad Avanza local, la denuncia encontró un escenario ya cargado de tensiones. Días atrás se conoció que el responsable financiero del espacio, Roberto Zgaib, rechazó el pago de una factura por unos 70 millones de pesos. Según explicó, los servicios facturados “no coincidían con lo efectivamente realizado” y la documentación “presentaba inconsistencias”.

La factura había sido impulsada por referentes libertarios provinciales y tenía como beneficiario a Abelardo Calfín, afiliado al espacio y funcionario de ANSES. La decisión de Zgaib derivó en reclamos cruzados y versiones contradictorias sobre el origen de la orden. Finalmente, la documentación fue dada de baja junto con otras facturas observadas por irregularidades.

Zgaib relató que recibió tres versiones diferentes para justificar el pago: una indicaba que la orden venía de Buenos Aires; otra, que se trataba de reintegros; y una tercera, que los papeles estaban en regla. La confusión aumentó las sospechas internas y profundizó la división en el espacio libertario.

El conflicto se suma a un historial cargado de polémicas desde el cierre de listas. Villaverde fue detenida en los Estados Unidos por tenencia de cocaína y, según fuentes del entorno libertario, su campaña habría contado con el financiamiento de Fred Machado a través de su primo Claudio Cicarelli. La nueva denuncia en Comodoro Py, sumada a los choques internos por la millonaria factura, deja al armado rionegrino de La Libertad Avanza en una situación de alta fragilidad política, tanto en el Congreso como de cara a 2027, cuando Villaverde busca posicionarse como posible candidata a gobernadora.

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