La estrategia de Milei en el empleo

Por Nicolás Villanova*

El gobierno nacional avanza con la reforma laboral promoviendo la eliminación de las indemnizaciones por despido. Una medida que afecta a poco más de 11 millones de asalariados registrados y poco menos de la mitad del total de los trabajadores ocupados, y que no hubiera logrado imponerse en los años 60 o 70 sin una masacre social. La actualidad muestra otro panorama: una clase obrera fragmentada; con la mitad de la fuerza de trabajo en “blanco” y la otra mitad, en “negro”; con salarios extremadamente dispares; con obreros ocupados pobres desorganizados sindical y políticamente. Cierto que Milei trabaja sobre campo arado, pero profundiza esta situación. En efecto, durante todo el año 2024, el poder adquisitivo del salario no logró recuperarse después de su caída abrupta como consecuencia de la liberación de las tarifas y el descongelamiento de los precios. Apenas llegó a equipararse con el peor momento del gobierno anterior, noviembre de 2023. Esto se expresa en la caída del consumo, que no se recupera desde hace varios meses. La estrategia de Milei en materia de empleo supone una tendencia a la igualación hacia abajo, o sea, una redistribución de la miseria en el seno de la clase obrera, una bestialización de las condiciones de vida.

Curiosamente, a contrapelo del ajuste, algunos indicadores del INDEC mostrarían reducción de la pobreza y achicamiento de la desigualdad de ingresos. Sin embargo, se trataría más de fenómenos estadísticos que reales. En este sentido, el descenso de la pobreza se explica por los vaivenes de la inflación: un aumento o una reducción de un 2% o 3% crea o elimina millones de pobres. Esto sucede por la forma de medición de la pobreza por ingresos, o sea, una “línea absoluta”: con 100 pesos más o 100 pesos menos, una persona pasa o deja de ser pobre. Además, la canasta de pobreza se estima sobre la base del consumo de una población de muy bajos recursos, mal alimentados y con gastos de alquileres y servicios subregistrados, algo sumamente cuestionable.

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Por su parte, el aparente achicamiento de la desigualdad por ingresos se vincula con dos procesos. En primer lugar, con una inyección de plata (gasto social por la vía del aumento de la AUH) dirigida a las fracciones más pobres de la población: los informales y los desocupados. En segundo lugar, un ajuste salarial al conjunto de los trabajadores “en blanco”. No se trata entonces de la reducción de la brecha de ingresos entre empresarios y obreros, sino de una redistribución de la miseria en el seno de la clase obrera. La inyección de (poca) plata en la fracción más pobre de la clase los “acerca” a la fracción “privilegiada” y en blanco, que ve cercenado su poder adquisitivo por el ajuste.

En este sentido, una somera observación de la evolución de la distribución del ingreso de la población según ocupación principal durante el año 2024 muestra que los ingresos de los deciles 2 a 7 (ingresos bajos y medios) tienden a incrementarse; mientras que, los deciles 8, 9 y 10 (ingresos más elevados), disminuyen. A partir de elaboraciones propias en base a la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) observamos que los deciles de menores ingresos concentran en mayor medida a la población asalariada sin descuentos jubilatorios (no registrada o “en negro”) y al trabajo por cuenta propia, que mayoritariamente es informal o precario. Mientras que, los deciles más elevados concentran fundamentalmente a los asalariados “en blanco” o formales (entre 71% y 77% según decil) y, en menor porcentaje, a los patrones.

A su vez, sólo el ingreso promedio del decil 10 (mayores ingresos) supera el promedio de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el cual, además, se acerca mucho más al valor mínimo (1.500.000) que al valor máximo (15.000.000) en la escala con la que se construye el decil. Esto quiere decir que, para las estadísticas oficiales, la remuneración promedio del trabajador asalariado estable se ubica en el decil 9 de los de mayores ingresos, lo que podría incorporar a un docente de secundario o un becario del CONICET, cuyos salarios se encuentran, en realidad, por debajo de la línea de pobreza.

Como dijimos, la tendencia a la “igualación” no se debe tanto a políticas sociales o medidas económicas que mejoran las condiciones de trabajo y de vida, sino a la inyección de presupuesto dirigido a las fracciones más empobrecidas y al ajuste salarial a los asalariados formales estatales y privados. Se trata, entonces, más de una socialización de la miseria en el seno de la clase obrera que una real redistribución progresiva de los ingresos.

Al ajuste salarial y la distribución de la miseria se debe agregar la situación del mercado laboral, cuya evolución abona en el sentido señalado. Lo único que crece es el empleo precario mal pago y lo que se destruye es empleo registrado con mejores salarios. En este sentido, la información de las Cuentas Nacionales del INDEC mostraron, en 2024 respecto de 2023, una destrucción de 126 mil puestos de trabajo de asalariados registrados y un aumento de 195 mil asalariados no registrados y trabajadores “no asalariados”, los cuales en su mayoría son cuentapropistas precarizados. El saldo, de este modo, sería de un incremento en puestos de trabajo equivalente a 69 mil trabajadores precarizados.

En los hechos, la estrategia de Milei es devaluar las condiciones laborales de los obreros formales y bajo convenio, para abaratar el conjunto de la fuerza de trabajo y aumentar la competencia entre los trabajadores. La justificación ideológica libertaria pretende hacernos creer que los asalariados registrados son “privilegiados”, para enfrentarlos con los “desregulados” trabajadores de Rappi o Pedidos Ya, en las peores condiciones de trabajo. Se trata de un proceso que iguala hacia abajo en la escala social y degrada las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la clase obrera, con la excusa de que estas “reformas estructurales” impulsarán la economía, de modo tal que, a mediano y largo plazo, el beneficio de la “libertad” laboral se verá también incluso en los bolsillos de los más pobres.

Difícil: la mitad de la economía ya está desregulada y más de la mitad de los trabajadores se emplean en la informalidad desde fines de los ‘90. No obstante, la economía no creció sustantivamente, a pesar de que, desde 2004 a esta parte, los empresarios “negreros” se ahorraron unos 13 mil millones de dólares por año en “cargas sociales”. Por otra parte, las medidas económicas del gobierno priorizan la minería, la energía y el agro, limitados demandantes de mano de obra. Se trata, entonces, de un “sacrificio” en vano para la clase obrera. No es imposible pensar un programa económico que conjugue elevada productividad, desarrollo y bienestar para toda la población. Pero esa Argentina no está en el horizonte del gobierno libertario, que parece preferir la bestialización social al desarrollo humano.

*Por Nicolás Villanova (sociólogo, investigador del CEICS).

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