En un país donde la explotación laboral no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable en miles de trabajadores, el gobierno de Javier Milei optó por recortar y desmantelar políticas públicas destinadas a asistir a las víctimas de trata. En simultáneo, desde La Libertad Avanza y la Sociedad Rural Argentina se impulsa una reforma que busca borrar derechos laborales conquistados por los peones rurales hace poco más de una década.
En el marco del Latam Economic Forum, Milei se burló de la noción misma de explotación: “Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para comprar otros bienes. No sé si se dieron cuenta pero así se destruye la teoría de la explotación. Solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios”. Empresarios presentes celebraron entre risas, aunque los datos y testimonios muestran otra cosa.
En diciembre del año pasado, a través del decreto 1048/2024, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. El Ministerio de Justicia justificó la medida con un argumento contable: el fondo resultaba “oneroso” por sus costos de mantenimiento y comisiones bancarias. Sin embargo, entre 2022 y 2024, ese fondo había intervenido en 26 causas judiciales, brindando apoyo económico directo por más de 11 millones de pesos a personas rescatadas de redes de trata.
En paralelo, el Ejecutivo pretende derogar la Ley de Trabajo Agrario, sancionada en 2011, que igualó los derechos de los peones rurales con los del resto de los trabajadores. La Sociedad Rural Argentina, aliada histórica de las élites del poder económico, es una de las impulsoras de esta ofensiva. A través de una presentación judicial, la SRA expresó: “Las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina”.
Esa reforma laboral rural, incluida en el DNU 70/2023, hoy está suspendida por una medida judicial. Aun así, las patronales no abandonan su objetivo: eliminar sanciones para los empresarios que no registran empleados o incumplen con sus aportes.
El trabajo esclavo existe: los datos lo confirman
Pese al discurso presidencial, distintas dependencias oficiales reconocen la magnitud del problema. Según cifras de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el 36% de las personas rescatadas en el país fueron víctimas de explotación laboral. Solo en 2024, la línea 145 —gestionada por el Ministerio de Justicia— recibió 332 denuncias, de las cuales 73 fueron por trata laboral y otras 23 por captación engañosa.
El informe “Trata de Personas y Víctimas con Discapacidad”, publicado por la Protex, detalla que entre noviembre de 2021 y noviembre de 2024 hubo 114 sentencias judiciales por trata. Su titular, Marcelo Colombo, advirtió que los recortes presupuestarios afectaron gravemente el trabajo territorial del Programa de Rescate, dificultando la detección de víctimas.
En 2023, las denuncias habían sido mucho más: 1.941 en total, con 846 casos de explotación sexual y 468 de trata laboral. A eso se sumaban 180 reportes por posibles ofertas engañosas. “La mayor cantidad de modalidades de captación se da a través de medios digitales”, precisó otro informe de la Protex.
La estructura de explotación actual está más sofisticada que en el pasado. Las redes de trata operan a través de empresas contratistas o tercerizadas que ocultan a los verdaderos beneficiarios del trabajo esclavo. En algunos casos, estas redes se extienden durante décadas. Los hermanos Cornejo, por ejemplo, trabajaron 38 años en condiciones inhumanas en campos de la familia Etchevehere, exdirigentes de la Sociedad Rural. Fueron rescatados recién en 2014.
En Misiones, menores de edad fueron explotados en yerbatales propiedad del ex presidente Ramón Puerta. Un adolescente declaró: “El agua que usábamos para bañarnos desembocaba en el pozo para tomar (…) Si nos quedábamos sin comida nos teníamos que aguantar”.
Una ofensiva contra la ley del peón rural
La Ley 26.727, sancionada en 2011, reemplazó una norma heredada de la dictadura y garantizó condiciones básicas a los trabajadores rurales: jornada de 8 horas, acceso a vivienda, alimentación adecuada, jubilación anticipada, entre otros puntos. La intención del gobierno libertario es volver atrás.
La Sociedad Rural no lo oculta: “Conocer la historia de la Sociedad Rural Argentina es imprescindible para entender un proyecto de país enraizado en la historia nacional desde los tiempos de la colonia”. En ese modelo, los peones trabajan “de sol a sol” sin derechos ni protección.
El argumento que esgrimen Milei y sus aliados es que la legislación actual desalienta la contratación. La realidad es más cruda: según el Indec, sobre 1,7 millones de trabajadores rurales solo 338.000 están registrados. El 81% trabaja en negro o como cuentapropista, sin cobertura ni seguridad social.
La Protex elaboró una guía específica para investigar la trata laboral, basada en criterios internacionales. En un fallo histórico del Tribunal de La Haya, en el caso Kunarac, se sostuvo que la esclavitud moderna adopta formas nuevas, menos visibles, pero igualmente destructivas. El fiscal Colombo retomó ese antecedente para avanzar con investigaciones en nuestro país.
En nombre de una supuesta eficiencia, el Gobierno desmonta los mecanismos que protegen a las víctimas. Pero la trata y la explotación no desaparecen: solo se vuelven más invisibles.
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