En un contexto de fuerte tensión social, las fuerzas de seguridad desplegadas en el Congreso reprimieron con gases lacrimógenos a jubilados, periodistas y ex combatientes de Malvinas que se manifestaban contra el ajuste previsional impuesto por el gobierno de Patricia Bullrich. A pesar de la fecha patria que recuerda a los caídos y veteranos de Malvinas, la policía avanzó con motos y palos sobre los manifestantes, generando escenas de caos y violencia.
El incidente más grave ocurrió cuando un fotógrafo fue atropellado por efectivos de la Policía Motorizada, que continuaron avanzando mientras el joven permanecía tirado en el suelo. El fotoperiodista, identificado como Diego Gómez, de 30 años, sufrió un fuerte golpe en la rodilla y debió ser trasladado de urgencia por personal del SAME. «El joven tiene un traumatismo en su rodilla derecha y está en buenas condiciones», informó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaraciones al canal LN+.
Además, la periodista Lula González, de El Destape, resultó afectada por los gases y tuvo que ser asistida en el lugar. A pesar de que los manifestantes se encontraban ubicados en el cordón, tal como lo establece el protocolo antipiquetes, la orden de reprimir llegó sin previo aviso, replicando un accionar ya habitual en las protestas contra las políticas de ajuste del gobierno.
Protesta por el fin de la moratoria previsional
El domingo 23 de marzo finalizó la moratoria previsional, uno de los reclamos centrales de los jubilados que llevan más de un año movilizándose contra el recorte de derechos. La medida, que permitía completar los años de aportes mediante cuotas descontadas de los haberes jubilatorios, quedó sin efecto, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad. «Con la caída de la ley de moratoria nadie va a poder jubilarse», advirtió el Plenario de Trabajadores Jubilados en un comunicado.
A partir de la derogación de la moratoria, quienes no cuenten con los 30 años de aportes requeridos solo podrán acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Esta prestación, establecida en la Ley de Reparación Histórica, equivale al 80% del haber mínimo y no incluye pensión por viudez. En diciembre pasado, el monto de la PUAM ascendió a $277.679, con un bono adicional de $70.000. Sin embargo, especialistas en materia previsional advierten que esta cifra resulta insuficiente como único ingreso para la vejez.
La indignación crece entre los jubilados, que consideran que el gobierno no solo les quitó derechos adquiridos, sino que además responde a sus reclamos con represión violenta. Las movilizaciones continuarán en las próximos miércoles, mientras organizaciones sociales y políticas se suman al repudio por el accionar policial.
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