El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en una investigación que puso bajo la lupa un esquema de cobro de coimas en el sistema de prestaciones. La resolución también incluyó el llamado a indagatoria de otras 18 personas y marcó un nuevo capítulo en uno de los escándalos de corrupción más graves del área social durante el gobierno de Javier Milei.
Según la resolución judicial, a la que accedió El Destape, Spagnuolo quedó imputado por los delitos de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor; defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, en calidad de autor; y cohecho pasivo, en calidad de autor, los cuales concurren idealmente entre sí; y asociación ilícita».
La causa se originó a partir de una serie de audios que salieron a la luz el 19 de agosto de 2025 y que se atribuyen al entonces titular de la ANDIS. En esas grabaciones, Spagnuolo describía presuntos pagos ilegales de laboratorios canalizados a través de la droguería Suizo Argentina, propiedad de Diego Kovalivker, empresario vinculado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En los audios también se mencionaba que parte del dinero recaudado “iba más arriba”, en alusión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La difusión de ese material desató una denuncia penal y un fuerte impacto político en un área especialmente sensible del Estado. Tras el escándalo, el Gobierno nacional desplazó a Spagnuolo de su cargo. En los audios que se le atribuyen, el ex funcionario afirmaba que había informado al propio presidente sobre la operatoria.
El fallo de Casanello no se limitó a Spagnuolo. La resolución alcanzó a otros 18 imputados, entre ellos Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian, Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari. Todos quedaron procesados como autores, partícipes necesarios o integrantes de la asociación ilícita investigada.
Además, el magistrado ordenó embargos millonarios sobre los bienes de los acusados, con montos que varían según la responsabilidad atribuida. En el caso de Spagnuolo, el embargo superó los $202.800 millones. Medidas similares recayeron sobre Garbellini, Calvete, D’Giano y Escudero, entre otros.
La resolución judicial también dispuso la prohibición de innovar y de distribuir dividendos en varias droguerías involucradas —Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA— y la designación de interventores informantes del Ministerio de Salud para monitorear su funcionamiento durante tres meses. A eso se sumó la prohibición de salida del país para todos los procesados y la notificación a la Oficina Anticorrupción y a la cartera sanitaria.
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