Vuelven a defender a la Patria: por cipayo, excombatientes denunciarán a Milei

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata se prepara para denunciar penalmente a Javier Milei luego de que el Presidente volviera a sostener que los habitantes de las islas ocupadas por el Reino Unido deben definir el futuro de la soberanía. La acusación incluye, entre otros cargos, traición a la Patria y se presentará ante la Justicia Federal de Comodoro Py.

La decisión se activó tras la falta de respuesta del mandatario a una carta documento enviada el 2 de enero. En ese escrito, el CECIM le dio un plazo de 24 horas para que se retracte públicamente de declaraciones realizadas en una entrevista con el diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025. Al no recibir contestación, la organización resolvió avanzar por la vía judicial.

En el artículo del medio inglés se señaló que Milei “dice que el territorio (por las Islas Malvinas) debería regresar a la Argentina sólo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Para los excombatientes, esa formulación contradice de manera directa la Constitución Nacional y la posición histórica del país sobre el reclamo de soberanía.

No se trata de un planteo aislado. El 2 de abril del año pasado, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Presidente ya había expresado una idea similar. En esa ocasión afirmó: “dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. Incluso agregó: “Buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos (por los kelpers) prefieran ser argentinos y que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

Desde el CECIM sostienen que esos dichos chocan con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, que establece que “la Nación ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”. El texto constitucional también indica que la recuperación de esos territorios, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Esa misma norma fue citada en la carta documento enviada a Milei, donde el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, aclaró que “la manda constitucional exhorta a respetar el modo de vida de los isleños, pero nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del CECIM, confirmó que la denuncia se presentará en los próximos días. La intención es solicitar la habilitación de la feria judicial y, si eso no prospera, insistir en febrero. “Le hemos dado el plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, sostuvo el letrado.

No es la primera vez que una organización de veteranos recurre a la Justicia por este tema. En abril del año pasado, la Confederación de Combatientes de Malvinas presentó una denuncia contra Milei por violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. Aquella causa no avanzó luego de que el fiscal Carlos Rívolo dictaminara la inexistencia de delito, al considerar que de los dichos presidenciales no surgía una renuncia formal al reclamo de soberanía ni una decisión administrativa concreta.

Guerrero Iraola cuestionó con dureza ese razonamiento. Para el abogado, tanto el Presidente como el canciller actúan como plenipotenciarios del Estado argentino y sus manifestaciones generan efectos en el plano internacional. “Hay un principio del Derecho Internacional que se llama Teoría de los Actos Propios, que justamente lo que determina es que cuando un plenipotenciario se expresa en un sentido y hay otro Estado que puede eventualmente consolidar un derecho o sacar provecho de esa situación, eso configura un precedente en el marco del derecho internacional”, explicó.

En la misma línea, remarcó que no se trata de una opinión sin consecuencias. “Sostener que necesitás un acto escrito o una resolución para que los dichos o actos de una personalidad pública de esa envergadura genere efectos jurídicos es una burrada”, afirmó, al subrayar que quien habla es el presidente de la Nación y no un actor privado sin responsabilidades institucionales.

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